La Defensora de la Ciudadanía, Anna Moinalen, recriminó ayer al equipo de gobierno que aún no se hayan establecido los mecanismos necesarios para que sea posible permutar la cuantía de las multas que se imponen a las personas que incumplen alguno de los preceptos de la ordenanza para el uso cívico de los espacios públicos, conocida como antibotellón, por trabajos en favor de la comunidad.

Moilanen explicó que esta norma permite imponer sanciones de 1.500 euros. En el caso de que los infractores sean menores de edad (algo que suele ocurrir con bastante frecuencia) los padres o tutores se deben hacer cargo del pago de la multa. Pese a que la ordenanza, desde su primera redacción, contempla que estas sanciones pueden permutarse por trabajos a favor de la comunidad, nunca se ha podido cumplir.

Hasta julio de 2018, fecha en la que se modificó esta norma, ni siquiera se contemplaba cómo y en qué condiciones se podría hacer la permuta. Pese a que desde esta fecha se ha regulado esta prestación en el mismo articulado de la ordenanza, tampoco se puede hacer efectivo el cambio porque no se sabe qué departamento es el responsable de su aplicación ni cuál debe hacerse cargo de la realización de los cursillos ni de los trabajos comunitarios.