Conforme al Artículo 25.1 de la Declaración de los Derechos Humanos, "toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda". De acuerdo al último informe de Cáritas, presentado esta semana, 85.000 personas en Balears viven con la amenaza de quedarse sin hogar y 120.000 residen en viviendas inadecuadas, no habilitadas o insalubres. En las capas medias, cada vez más depauperadas, encontrar un alquiler asequible es un sinvivir.
En Palma, el panorama bascula entre las promociones de vivienda multimillonarias y un mercado en alquiler escaso o, de haberlo, con precios más que inflados. A la hora de encontrar soluciones, los agentes de la propiedad inmobiliaria proponen al Ayuntamiento que facilite la conversión de locales comerciales y despachos vacíos en viviendas. Un cambio de uso que, si bien está reglado, "es lento y oneroso", según la presidenta del colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Balears, Natalia Bueno.
"El 90 por ciento de edificios en Palma tienen locales en planta, muchos de ellos cerrados que se están transformando ilegalmente porque la edificabilidad residencial está agotada, o porque hay que presentar un proyecto arquitectónico, más visado, que no todos pueden pagar. En Palma hay más de 1.500 locales cerrados, le pedimos al alcalde mayor flexibilidad en el cambio de uso. No le pareció mal pero no quieren dejar actividad comercial", explicó Bueno.
El agente inmobiliario Francisco Kirchhofer propone "dar una segunda oportunidad" a esos miles de comercios y despachos cerrados en una suerte de alquiler ético que rebajaría el precio del arriendo y garantizaría vivienda a "sectores vulnerables, jóvenes y mayores", apunta. Él invoca "al sentido social del Govern balear para que favorezca líneas de financiación blanda para que los propietarios asuman los costos del cambio de uso y reforma, a cambio de recibir durante cinco años alquileres "a precio razonable". Demanda a la administración "un cambio en el ordenamiento jurídico que asegure al propietario que no va a sufrir impago. ¡Existe temor entre los propietarios, y muchos prefieren no alquilar", señala.
Ayuntamiento
Desde Urbanismo, su director Biel Horrach explica que "para hacer un cambio de despacho o comercio a vivienda se debe cumplir con el índice de intensidad residencial, que la vivienda no esté por debajo de otra actividad, por ejemplo, otros despachos, y que el decreto de habitabilidad se tramite como licencia de obra mayor".
Reconoce que siendo "razonable el concepto de habitabilidad", la estructura demográfica ha cambiado ya que de las 3,5 personas por vivienda del Plan general de 1985 hemos pasado, conforme a la Ley de Urbanismo a 2,4. Por ello, "necesitamos tener más datos"; solo que Cort no los tiene. Están a la espera de licitar el sistema electrónico que "nos ponga al día en la base de datos".
Con todo, y reconociendo que están aumentando las peticiones de cambio de uso de locales y despachos a vivienda, "no somos muy partidarios por riesgo de cargarnos generar vida en la calle y, de acuerdo a la perspectiva de género que se ha incorporado a la Ley de Urbanismo, sin locales se vuelve más insegura". Otra razón para sus reticencias es que "al eliminar comercio, favoreces desplazamientos lejos de la casa y acabas cogiendo el coche".
En cuanto a los despachos, incide en que cambiarlos por viviendas también afecta al índice de fomentar la mezcla de usos en la ciudad. "Las oficinas se deslocalizan y los trabajadores acaban cogiendo el coche para ir a trabajar". En pleno cambio climático, no sería lo más idóneo ni oportuno.
Joan Forteza, presidente de la Federació de Veïns, es rotundo: "Perder tejido comercial no es la solución a la vivienda". Por el contrario, y así lo propusieron a los partidos antes de las elecciones, es crear 1.000 viviendas nuevas, 200 de una habitación para jóvenes; 300 de 2 habitaciones para nueva familias, y 500 para el resto. El coste es de 100 millones de euros financiados por el Govern a cuatro años, y se pondría a disposición de Cort para alquiler a precio social. Hay suelo como Son Bordoy o Son Busquets, pero son proyectos paralizados. No somos partidarios ni de sustituir ni de destruir comercio. Esto es hacer trampa. La ley de propiedad horizontal es estatal", apunta Forteza.
Colegio de Arquitectos
A las puertas de presentar al Govern su propuesta de modificación del decreto de habitabilidad de 1997 que "ha quedado obtuso" ante los actuales cambios de vida", indica Nacho Salas, vocal del Colegio de Arquitectos, éstos se alían a los vecinos. Piensan que "aún cumpliendo la normativa de habitabilidad y suponiendo un ahorro al estar amortizado el suelo, la solución óptima para corregir o acabar con el actual modelo de vivienda que puede favorecer la especulación es que la Administración construya vivienda de alquiler porque así se regularán los precios del mercado".
