La Federació d'Associacions de Veïns de Palma, integrada por 47 entidades vecinales, rechaza y se opone "a cualquier tipo de referéndum o consulta" sobre las terrazas que ocupan el espacio público, tal como han solicitado los restauradores.

Por su parte, el presidente de la asociación de Cafeterías, Bares y Restaurantes de Mallorca, Alfonso Robledo, entidad que promueve la convocatoria del referéndum, ha afirmado que el Ayuntamiento ha dejado de ingresar 1,5 millones desde 2016 debido a la reducción de ocupaciones y augura que esta situación "repercutirá en nuevos impuestos".

En un manifiesto difundido ayer, el presidente de la Federació, Joan Forteza, recuerda que "las instituciones tienen la obligación de preservar y hacer cumplir los derechos de los ciudadanos, como son el derecho al descanso y a la inviolabilidad del domicilio", y estos "no se pueden someter a votación, porque son en sí mismos incuestionables e inviolables".

Quieren dejar claro que "ni la Federació ni nuestras asociaciones están en contra de las terrazas ni de empleados que trabajan en ellas", sino de "los empresarios de restauración que, con total falta de respeto y consideración hacia los vecinos, de forma perversa, incumplen sistemáticamente y de forma continuada la actual ordenanza, siendo una de las causas que contribuyen a crear un clima de conflicto en los barrios".

En relación al recurso anunciado por el adelanto del cierre de las terrazas de sa Llonja, la Federació afirma que "no tiene ningún sentido" y, además, "va en contra de la convivencia que dicen desear".