La Plataforma anticruceros, que engloba a treinta entidades vecinales, escenificó este lunes su oposición a este modelo turístico frente a los cuatro megacruceros que ayer recalaron en Palma. A bordo del velero Rafel Verdera, se deslizó una pancarta gigantesca en la se leía en letras de molde "Moratòria".
Reclaman suspender temporalmente la contratación de servicios portuarios de desembarco embarco y amarre de este tipo de embarcaciones que llegan a alojar a más de 8.000 personas en su interior.
Frente a "un modelo turístico insostenible y no deseable para Palma, en un contexto de "crisis climática", reclaman una "moratoria" que entrará en vigor inmediatamente y tendrá vigencia hasta conocer los detalles que ofrezcan los informes sobre impacto ambiental, capacidad de carga social y económica de esta industria, sobre todo en el centro histórico de la ciudad.
La Plataforma se mantiene en su petición de un solo crucero al día de no más de 4.000 personas.
A los que lleguen el puerto se les va a pedir que apliquen medidas de prevención de contaminación atmosférica como ya llevan a cabo en el mar Báltico y el mar del Norte.
Otra de las diez peticiones de la moratoria es que las administraciones locales tengan una mayor participación durante la aplicación de la moratoria para garantizar "transparencia y democracia". Asimismo, se van a llevar a cabo acciones para lograr la cogestión del puerto.
Joan Forteza, presidente de la Federación de asociaciones de vecinos, fue el portavoz de la Plataforma. Leyó claro los diez puntos de la propuesta que define un malestar entre colectivos que ante un primer apoyo al actual Ejecutivo, ahora reclaman un viraje a su rumbo: "Nos han decepcionado. Da la sensación de que tanto Iago Negueruela y José Hilaosé Hila han ido a decirles a las grandes navieras 'no os preocupéis' [en referencia a su reciente encuentro con las grandes navieras en Alemania]; se han olvidado que los derechos ciudadanos son internacionales. Vamos a estudiar si estamos ante una posible caso de prevaricación", expresó Joan Forteza. "La ciudad es nuestra, no de ellos", recordó el líder vecinal.
Con respecto al contrato firmado sobre los cruceros que han de venir a Palma hasta el año 2022, "no creemos que sea inamovible. Vamos a pedir que nos enseñen estos contratos. Es una entidad pública y debe ser transparente", recuerda Forteza.
La moratoria reclama transparencia y democracia y una mayor participación de las administraciones locales, de ahí que pidan la cogestión del puerto.
"Insulto a la ciudadanía" del Gobierno central
Mariano Reaño, de Amics de la Terra, cargó en la línea de flotación de la política nacional en Balears que, por un lado, navega "a favor de las navieras al anunciar que va a destinar más de 116 millones de obras para el port de Palma", y al mismo tiempo, se niegan a financiar la depuradora. Es un insulto a la ciudadanía de Palma", remató Reaño. Al fondo, las obras del nuevo dique para albergar más megacruceros.
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