La conselleria de Medio Ambiente y el ayuntamiento de Palma mantienen sus divergencias sobre cuál de las dos instituciones debe limpiar los cauces de los torrentes. Ayer tuvo lugar una primera toma de contacto, en la que también participó Emaya, y de la que lo único claro por el momento es que siguen con interpretaciones diferentes sobre esta competencia, pero que seguirán reuniéndose para lograr un convenio de colaboración.
Tras la reunión, tanto por parte del Govern como de Cort se afirmó que se seguirá trabajando para cerrar ese convenio en el que se especifique las responsabilidades de cada uno, tal como ya avanzó este diario. La dirección general de Recursos Hídricos, dirigida por Joana Maria Garau, insiste en que no es su responsabilidad la retirada de residuos sólidos urbanos ni la limpieza en tramos urbanos como le reclama el ayuntamiento de Palma.
El encuentro entre Garau, la regidora de Infraestructuras, Angélica Pastor, y el presidente de Emaya, Ramon Perpinyà, se produjo dos semanas después de que el Ayuntamiento limpiara el cauce de sa Riera, que acumulaba unas 100 toneladas de basura desde hace años, y anunciara que el coste de esta tarea la pasaría al Govern. Desde Cort se sigue sosteniendo que es la dirección general de Recursos Hídricos de la conselleria de Medio Ambiente la que debe encargarse del mantenimiento.
Sin embargo, desde Medio Ambiente se aseguró ayer que "el Govern lo tiene claro" y que la factura no es asunto suyo.
En este desencuentro de interpretaciones sobre la normativa vigente y el reparto de responsabilidades, ambas administraciones públicas argumentan sus posturas con documentos de peso. En el caso de la Conselleria, se remiten al Plan Hidrológico Nacional de 2001 para delimitar sus competencias y la negativa a sufragar la limpieza de sa Riera.
Por su parte, Infraestructuras y Emaya se basan en sentencias judiciales que adjudican al Ejecutivo autonómico esta tarea de limpieza y mantenimiento.
Las divergencias sobre quién debe limpiar los torrentes se remontan a varios años. Durante la pasada legislatura, ante las quejas de vecinos por el estado en que se encontraban distintos cauces, Cort y Govern se pasaron la pelota mutuamente.
Ahora, pese a que se mantienen las diferentes posturas, al menos hay la intención de seguir negociando para cerrar ese convenio, destacaron portavoces de las dos partes implicadas.
