21 de agosto de 2019
21.08.2019
Medio ambiente

El Govern debe cien millones de euros a Emaya para la depuración del agua

Los palmesanos han pagado unos 225 millones desde hace casi dos décadas por el canon balear de saneamiento

20.08.2019 | 20:36

El Govern balear debe en torno a cien millones de euros a Emaya para mejorar la depuración del agua. Este dinero procedente del llamado canon de saneamiento es pagado por los palmesanos en la factura de la empresa pública, que lo remite a la conselleria de Hacienda, al igual que el resto de municipios. Desde 2001, Emaya ha recaudado unos 225 millones y el Ejecutivo autonómico le ha devuelto 81 millones (hasta 2014) a través de las indemnizaciones por los costes de explotación de la depuradora, ya que la gestiona la conselleria de Medio Ambiente y con ella también abastece a los pueblos de Esporles, Bunyola y Marratxí.

En cuanto a lo devuelto por el Govern mediante la realización de inversiones de saneamiento, fueron 29 millones desde 2001 hasta 2009. Sin embargo, después no se financiaron más mejoras ni reparaciones, por lo que la suma de los costes de explotación y las inversiones ascendió a unos 110 millones de euros. A este dinero hay que añadir otros 20 millones para la construcción del nuevo colector de aguas y el tanque de laminación junto a la depuradora, que reducirán los vertidos al mar, tal como acordaron en 2017 los entonces responsables de Emaya, Neus Truyol, y de la conselleria de Medio Ambiente, Vicenç Vidal, quienes firmaron un protocolo de inversiones de saneamiento tras siete años de parálisis.

Con estos datos, al Govern aún le falta por invertir cerca de cien millones de euros para llegar a los 225 aportados por los ciudadanos a lo largo de casi dos décadas. El canon de saneamiento es finalista, es decir, es un impuesto que los ayuntamientos envían a la conselleria de Hacienda para que lo destine, a través de los presupuestos de Balears, a políticas de depuración de aguas e inversiones para la mejora y reparación de infraestructuras.

La nueva depuradora tiene un coste de entre 80 y 120 millones y se trata de un equipamiento imprescindible para la ciudad porque la actual, situada en el Coll d'en Rabassa, tiene más de 40 años, está obsoleta y no da abasto, debido a que se encuentra al límite de su capacidad por el gran incremento de la población durante estas décadas. En 2009, el ministerio de Medio Ambiente se comprometió a financiarla, pero ahora el dinero está en el aire por la negativa del Ejecutivo central a sufragar dos infraestructuras del mismo tipo, la de Palma y la que también necesita la localidad de Can Picafort.

Si finalmente el Gobierno no paga la depuradora de Ciutat, la empresa municipal Emaya cree que lo lógico es destinar el dinero del canon de saneamiento a este equipamiento, como manifestó recientemente el nuevo concejal de Medio Ambiente y presidente de la empresa municipal, Ramón Perpinyà. El 16 de septiembre, él y el alcalde de Palma, José Hila, se entrevistarán en Madrid con el director general del Agua del ministerio de Transición Ecológica para tratar de desbloquear este importante proyecto.

En el año 2014, Emaya envió un escrito a la conselleria de Medio Ambiente donde advertía de que "resulta de absoluta necesidad realizar inversiones en el saneamiento, tal como ponen de manifiesto los vertidos que se están produciendo y la descompensación de la que queda constancia en el balance del canon de saneamiento entre el importe que se recauda y el que se retorna", es decir, cerca de cien millones de euros que aún debe el Govern.

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