20 de agosto de 2019
20.08.2019
Medio ambiente

La Federación de Vecinos denuncia desde 2001 los vertidos de aguas fecales al mar

El Tribunal Superior condenó a Emaya en 2006 por incumplir la normativa sobre los líquidos no tratados en la depuradora

20.08.2019 | 00:11
Bandera roja en la playa de Ciutat Jardí en agosto del año pasado por un vertido de aguas fecales.

La Federación de Asociaciones de Vecinos de Palma, junto a la asociación del Coll d'en Rabassa, lleva denunciando desde 2001 los vertidos de aguas fecales al mar. "Tanto el Govern balear como la empresa municipal Emaya han sido advertidos repetidas veces a lo largo de los distintos mandatos sobre el posible delito contra el medio ambiente que suponen los vertidos a la Bahía de Palma", tal como recordó ayer el presidente de la Federación y de la entidad vecinal del Coll, Joan Forteza, en relación a la investigación de la Guardia Civil a instancias del juez y el registro efectuado la semana pasada en la sede de Emaya y el requerimiento del móvil y el ordenador de la anterior gerente de la empresa pública.

Además, el Tribunal Superior de Justicia de Balears condenó en 2006 a Emaya por incumplir la normativa al respecto, ya que no se puede realizar ningún vertido que no haya recibido un tratamiento superior al secundario, según señala la sentencia 64 de enero de 2006. En la legislatura de 1999 a 2003, la primera del Pacto de Progreso en el Govern y con el PP en Cort, hubo denuncias entre la conselleria de Medio Ambiente y la empresa municipal a cuenta de los vertidos, pero el problema ha continuado hasta hoy.

El portavoz vecinal no entiende por qué durante todo este tiempo "no se ha destinado el canon de saneamiento, que es finalista, al mantenimiento y reparación de las infraestructuras". "Está claro que hay una responsabilidad por parte de Emaya, ya que es quien gestiona el tratamiento de aguas, pero también es responsable el Govern, debido a que cobra un canon que solo hace dos años que revierte al Ayuntamiento", como destacó Forteza.

"El tercer culpable, el Gobierno central, se comprometió durante la anterior legislatura a financiar la nueva depuradora y aún no lo ha hecho, por lo que la inacción de las instituciones está dejando indefensos a los ciudadanos, ya que no solo es un posible delito ambiental, sino también de salud pública en las playas". Por último, lamentó que la Fiscalía no haya iniciado la investigación mucho antes. "Podría haberlo hecho de oficio. Estaba en peligro la salud".

Grupos ecologistas

Por su parte, Toni Muñoz, responsable de conservación del GOB, remarcó que el objeto de la investigación "no es una acción, sino una omisión de diferentes administraciones" y que "no es un problema de los últimos cuatro años, sino de antes". Muñoz lamentó que no se hubiera previsto tomar medidas contra los vertidos mucho antes, ante el crecimiento de la población de Palma. Del mismo modo, consideró "interesante" que de esta investigación puedan derivarse "responsabilidades por no haber abordado un tema ambiental".

Tanto Muñoz como Jaume Adrover, de Terraferida, ven en el origen de esta denuncia intereses de un sector contrario al decreto de la posidonia, tanto de navegantes como del PP y Vox, puntualizó Adrover, quien recordó que "los emisarios son un problema perfectamente documentado" y "un escándalo", pero que también los fondeos de los barcos son un "bombardeo constante" sobre el fondo marino. El abogado Santiago Fiol, expresidente de la Federación de Vela, fue quien interpuso esta denuncia el pasado año para que la Fiscalía de Medio Ambiente investigara el origen de los vertidos en la bahía de Palma. El denunciante explicó ayer que había actuado "a título personal" y que había denunciado de forma genérica porque consideraba que "es un tema que se tiene que investigar por parte de la Justicia".

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