Una vecina del Molinar, que en 2018 demandó al Govern, a Emaya por "delito contra el medio ambiente" al considerar que se había producido una "omisión de información sobre la calidad de las aguas", opina que "la demanda del sector náutico contra Emaya por el tema de los vertidos tóxicos a la bahía de Palma es una pataleta por el decreto de la posidonia".

Se pregunta por qué "ahora" denuncian la situación del emisario que "conocían a la perfección, igual que los anteriores ayuntamientos en manos del Partido Popular, desde hace décadas".

Esta vecina, que prefiere permanecer en el anonimato, apunta que "tanto daño hace a la posidonia los más de ciento y pico emisarios que hay en la isla como los más de 40.000 barcos flotando en aguas de Mallorca y que muchos de ellos fondean sobre la planta.

Este mismo verano, sin ir más lejos, entre junio y julio ha denunciado 189 embarcaciones fondeadas en Illetes. "Son barcos de grandes esloras, entre 20 y 50 metros metros, y muchos de ellos con bandera española".

Insiste, al igual que otras personas relacionadas con el sector náutico, que "es urgente publicar la cartografía de la posidonia. A su juicio la zona donde cabe actuar con mayor celeridad es en la costa de Calvià, "donde se produce una saturación de alquiler de lanchas que no hacen caso del decreto o no lo conocen".

Apunta que cualquier navegante experimentado sabe que fondear sobre posidonia es un peligro para el barco y la tripulación "porque el ancla patina sobre la planta".

Depuradora

El supuesto delito ambiental que investiga la Guardia Civil y que llevó a registros en la sede de Emaya y en el domicilio de la anterior gerente de la empresa pública Imma Mayol, bajo secreto de sumario, se remonta a denuncias hechas por un navegante que acusó de vertido de aguas fecales a la bahía de Palma y que se relaciona con los numerosos cierres de playas de Palma en la temporada de baño.

A su vez, la Asociación de Navegantes del Mediterráneo-ADN denunció a la conselleria de Medio Ambiente por "inacción o prevaricación" al no haber abierto ningún expediente a Emaya por los numerosos vertidos. Es por ello por lo que la investigación podría alcanzar también al Govern.

"Los emisarios llevan décadas soltando restos fecales y ni el PP ni los navegantes han dicho nada. Hay enfado en el sector pero se sirven del emisario para ir a por el gobierno anterior que, aún poniendo parches con el tema del agua, estaban intentando hacerlo bien. En mi opinión, creo que deberían investigar a todos los gerentes de Emaya. ¿Por qué no cerraban las playas si sabían que había vertidos? ¿Dónde está el dinero del canon de saneamiento que se pagó durante años y que Palma dejó de recibir desde 2010?", plantea esta vecina que conoce profundamente el tema medio ambiental de la isla.

Frente a los vertidos de aguas fecales denunciados e investigados ahora como supuesto delito ambiental, la respuesta de Cort se mantiene tibia. "La depuradora no cumple la normativa europea", les afea la vecina. Emaya aguarda el desbloqueo en Madrid, o tendrá que pagarla el Govern balear.

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