18 de agosto de 2019
18.08.2019
Medio ambiente

Neus Truyol: "En la denuncia contra Emaya hay un conflicto político"

La investigación a la empresa pública por delito ambiental evidencia las diferencias entre el Govern, Cort y el sector náutico

17.08.2019 | 21:22

Cuando supuestamente se cometió un delito ambiental por parte de Emaya, según denuncia interpuesta por parte del sector náutico, y que está siendo investigado por el Servicio de Protección a la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona), Neus Truyol presidía la empresa pública. "En el caso de los vertidos es un tema de conflicto político", señaló, pese a asegurar "tener poca información" y desconocer "qué hay detrás".

El pasado miércoles, la Guardia Civil registró las oficinas de la empresa municipal Emaya y el ordenador y el teléfono móvil de la que fuera su gerente en la anterior legislatura, Imma Mayol. Hay absoluto mutismo por ambas partes. La investigación que dirige el juzgado número 2 de Palma está bajo secreto de sumario.

El Ayuntamiento remitió ayer un comunicado tras la publicación en primicia de Diario de Mallorca de la investigación judicial que ha llevado a registrar las dependencias de Emaya y el portátil y teléfono móvil de Imma Mayol.

"El equipo de gobierno municipal asegura que durante la última legislatura no se ha cometido ningún tipo de irregularidad y que siempre ha obrado y velado por el interés general, el bien común, y la protección del medio ambiente", añade el comunicado.

En el mismo, se recuerda que "el equipo de gobierno del Ayuntamiento manifiesta que la causa ha sido declarada secreta y, por tanto, no es posible facilitar ningún tipo de información. En todo caso, el Ayuntamiento y Emaya reafirman su máxima colaboración con las autoridades judiciales, en base a los principios de transparencia y responsabilidad institucional".

Denuncias de navegantes


Biel Dols, presidente de la Asociación de Navegantes del Mediterráneo (ADN), entidad que ha interpuesto junto a la Asociación de Navegantes de Recreo (Anavre), varias denuncias por los vertidos de aguas fecales al mar, "está esperanzado" por la investigación, aunque piensa que "políticamente tenemos el caso perdido".

En ese sentido, Dols incidió: "No hay ningún ciudadano que entienda que cierren playas y Medio Ambiente no haga nada".

"Pusimos una denuncia contra la Consellería de Medio Ambiente por inacción o prevaricación frente al cierre de playas. No se entiende que se produzca tal cantidad de vertidos y el Govern ni siquiera incoe expediente por los reiterativos vertidos y el consecuente cierre de las playas", añade Dols.

Los denunciantes llegaron a pedir al equipo de gobierno resultante de las últimas elecciones que nombrasen conseller de Medio Ambiente a otra persona que no fuese Vicenç Vidal, que tiene "un odio visceral por la náutica", llegaron a decir. Ayer Dols evidenció el duelo entre el gobierno de pacto de izquierdas y algunos navegantes.

"El decreto de la posidonia está hecho contra el sector náutico", repitió el mantra de los socios de ADN y otros navegantes. Recordar que Vicens pertenece a Més, el mismo grupo político que Neus Truyol. Ni él ni ella están en departamentos de Medio Ambiente, pero la conselleria del Govern sigue siendo de Més.

Posidonia y emisarios


La conselleria que lidera Miquel Mir respondió ayer a las denuncias de ADN sobre su "inacción y/o prevaricación" frente a los vertidos en que "no es de su competencia", y recordó que "se recuperó el canon de saneamiento, que se había dejado abandonado durante los mandatos del PP".

En el trasfondo de las denuncias está el desacuerdo frontal en política ambiental. Tras la aprobación del decreto de la posidonia, el sector náutico puso el grito en el cielo por las restricciones y sentirse estigmatizados, y acusa al Govern de "hipocresía medioambiental".

Dols insistió ayer: "Estamos de acuerdo en que está mal fondear sobre la posidonia pero por qué han eliminado del decreto la prohibición de los emisarios cuando hace más daño el vertido de millones de toneladas de agua que hace el emisario sobre la posidonia y no dicen nada", se pregunta Dols.

Banderas rojas en las playas de Palma


Madrid vuelve a tener responsabilidad en una situación que ha puesto banderas rojas en las playas de Palma en verano. El último episodio ha ocurrido este pasado julio cuando los vertidos de aguas pluviales y residuales obligaron a cerrar las playas de Can Pere Antoni y Ciutat Jardí. A la espera de la nueva depuradora, cuyo coste entre 80-100 millones de euros se comprometió financiar Madrid, cada vez que hay un exceso de lluvia, los vertidos van al mar y se cierran playas como medidas de salud pública. El verano de 2018, las playas se cerraron en más de cuatro ocasiones. Recordar que, que con vertidos y gobernando el PP, las playas jamás se cerraron, ni se indicó que había vertidos, lo que fue calificado por Truyol de "cinismo del PP".

Compartir en Twitter
Compartir en Facebook

¡Síguenos en las redes!