Sonia Vivas, regidora de Justicia Social en Palma, quiere crear dos nuevas líneas de subvenciones específicas para feministas y entidades que luchen contra la discriminación del colectivo LGTBI. Es su “apuesta política” para los presupuestos del próximo año, en los que quiere que haya partidas concretas para estas cuestiones y similares a las que actualmente se destinan a iniciativas relacionadas con la tercera edad o los derechos humanos.
La de Vivas fue ayer una declaración de intenciones, ya que todo lo mencionado dependerá del presupuesto que consiga su área para 2020, que comenzará a negociarse en septiembre, según ella misma comentó.
La intención de Vivas es que las ayudas a iniciativas feministas se destinen a personas físicas, a diferencia de otro tipo de subvenciones de su área, ya que considera que no existe un tejido social fuerte en este campo y suelen ser mujeres las que de forma altruista llevan a cabo el trabajo. En cambio, las ayudas relacionadas con el colectivo LGTBI sí se destinarían a entidades.
Sobre el presupuesto que quiere destinar, la regidora de Justicia Social, Feminismo y LGTBI dijo que serían “partidas equitativas” en relación a las que ya existen y sin tener que “mover” cantidades de otros conceptos, ya que, señaló, su concejalía “salva vidas”, en referencia a las competencias que tiene.
Vivas aseguró que crear estas líneas de subvenciones es necesario para impulsar un “tejido social fuerte capaz de hacer lo que ahora a nivel institucional no se puede hacer”.
“Mi proyecto político es que la regiduría de Justicia Social, Feminismo y LGTBI no sea de segunda división, sino que sea clave estos cuatro años, porque considero que es el salvavidas", reiteró Vivas.
Aprobadas las ayudas para proyectos con personas mayores y de derechos humanosEl presupuesto es de 245.000 euros repartidos entre dos años
La regidora también dio a conocer ayer las partidas económicas aprobadas para proyectos centrados en las personas mayores, principalmente para romper la brecha digital, para los que se destinan 175.000 euros en dos años, y para proyectos de derechos humanos, sobre todo los que traten de la situación de la mujer migrada, con 70.000 euros.
