El ministerio de Defensa alega que la subasta de Son Busquets es consecuencia de dos convenios firmados con el Ayuntamiento en 1998 y en 2012, por lo que "no es el resultado de una especulación urbanística", según argumenta. En un escrito enviado a la Delegación de Gobierno de Balears, explica que el Consejo de Ministros del 12 de julio autorizó "la enajenación del inmueble mediante subasta pública", pero "todavía no ha sido convocada y, por lo tanto, no se encuentra en venta".
Tanto Cort como el Govern han manifestado reiteradas veces que quieren cambiar el acuerdo para que las 831 viviendas previstas en el antiguo cuartel de la carretera de Valldemossa sean públicas y de alquiler. Además, el consistorio modificará el PERI (Plan Especial de Reforma Interior) con el fin de preservar las edificaciones, entre otras medidas de sostenibilidad, aunque el documento de Defensa señala que esas construcciones "se encuentran en mal estado y su existencia es incompatible con el planeamiento urbanístico, por lo que deberán ser demolidas en el futuro", tal como se lee.
Asegura que la colaboración entre el Ministerio de Defensa y el consistorio "ha estado siempre sustentada en la confianza y la lealtad institucional", y que este organismo estatal "es sensible al problema de la vivienda en Palma y pretende poner en el mercado los 831 inmuebles de protección pública", con un precio máximo tasado. Además, prosigue el texto, "el resto de la edificabilidad está destinada a uso comercial y oficinas, el Ayuntamiento recibirá el 15% del aprovechamiento y se destinan 26.000 metros cuadrados a zonas verdes, 15.500 metros a dotaciones públicas y 34.000 a viario público", respecto a los 110.858 metros cuadrados que Son Busquets mide en total. Por último, destacan que "la posible rentabilidad de la operación se derivaría de la venta de la edificabilidad del uso terciario", es decir, el comercial y las oficinas.
