13 de julio de 2019
13.07.2019

Los trabajadores de la Funeraria rechazan que el gerente de Jarabo pueda despedirles

El comité de empresa de la compañía pública sospecha que la decisión sea "el inicio de una gestión opaca"

13.07.2019 | 02:45
Alberto Jarabo (Podemos) es el nuevo presidente de la funeraria.

Los representantes de los trabajadores de la Empresa Funeraria Municipal (EFM) de Palma han rechazado que el gerente de la compañía pública, que preside el teniente de alcalde de Podemos Alberto Jarabo, pueda despedir a cualquier trabajador de la empresa sin que el acuerdo pase, como hasta ahora, por el consejo de administración.

El comité de empresa sospecha que esta decisión "sea el inicio de una gestión opaca", por lo que ha "conminado" al presidente y a los representantes del resto de los grupos municipales presentes en el comité de empresa a "revertir esta decisión en vistas a una mayor transparencia en la gestión municipal".

El acuerdo fue aprobado en el consejo de administración celebrado del pasado jueves, una vez constituido este órgano con los nuevos representantes tras las elecciones municipales, y contó con los votos favorables de Podemos, Més y Vox, según los representantes de los trabajadores.

En esta misma sesión se ratificó en el cago de gerente de la compañía a Jordi Vilà, que ya ha estado al frente de la Funeraria municipal los últimos cuatro años, bajo la presidencia primero de la exteniente de alcalde Aurora Jhardi (Podemos) primero y de Antònia Martín, también del partido morado, después. Para los representantes sindicales esta decisión "de tanta transcendencia para un trabajador, no puede ser tomada de manera unilateral por una persona, máxime cuando esta potestad hasta ahora era competencia del consejo de administración, un órgano colegiado que cuenta con presencia sindical y que garantiza la pluralidad y transparencia de las decisiones que se pueden adoptar".

La representación legal de los trabajadores tampoco comparte las formas ya que este punto del orden del día era desconocido por la representación sindical.

Por su parte, el PP ha calificado esta decisión como "un ataque a los derechos de los trabajadores". La representante de este partido en esta empresa municipal, Montserrat Oliveras, alertó de un posible escenario de "abuso de poder en un futuro".

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