La Empresa Municipal d'Aigües i Claveguearam (Emaya) ya puede gastar los 26,2 millones que va a ingresar en concepto de indemnización por el fallo generalizado del sistema de recogida neumática de basuras, que colapsó tan solo a los 10 años de su instalación en el centro de la ciudad, cuando la vida útil prevista era de 30 años.
El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso presentado por las empresas instaladoras Envac Iberia y Urbaser contra la sentencia que les obligaba a ingresar en las cuentas de Emaya algo más de 24 millones en concepto de indemnización y otros 2,2 por los interesses legales y de demora. La empresa ya había ingresado en julio de 2016 los primeros 24 millones, aunque los tuvo que depositar en una cuenta a parte sin poder utilizarlos a la espera del pronunciamiento del Tribunal Supremo.
En el consejo de administración celebrado el jueves por la mañana, que fue el constitutivo, se dio cuenta del fallo del Alto Tribunal, rechazando el recurso de las instaladoras y, en consecuencia, de que Emaya ya puede hacer uso del dinero. Anunció que podrá destinar esta cantidad a la ejecución de inversiones para la renovación de la distribución de las redes de agua potable y residual, así como a su separación con la de pluviales. Desde la empresa se recuerda que la separación de las redes pluviales de las residuales tendrá el efecto de reducir los vertidos contaminantes a las playas y aguas de la bahía.
Desde el grupo municipal de ciudadanos se ha propuesto que esta cantidad se destine a costear parte de la inversión necesaria para la ejecución de la nueva depuradora del Coll d’en Rabassa. En relación a esta nueva infraestructura, el alcalde de Palma, José Hila, remitió el pasado miércoles una carta al ministerio de Transición Ecológica en la que solicita el mantenimiento de una reunión formal con el objetivo de reclamar y acelerar la construcción de la nueva depuradora del Coll.
Mientras tanto, el diputado de Ciudadanos, Joan Mesquida, formuló una serie de preguntas en relación a esta nueva infraestructura y pidió si se va a adoptar alguna iniciativa, junto con el Govern, para solucionar el grave problema de los vertidos.
En el consejo de administración celebrado el jueves, además de dar a conocer a los nuevos integrantes de este órgano de decisión que preside el teniente de alcalde de Medio Ambiente y Bienestar Animal, Ramón Perpinyà, y del contenido de la resolución del Tribunal Supremo, se aceptó la dimisión de la hasta ahora gerente de la empresa, Inma Mayol, y se nombró para dicho cargo a Sonia Moragues, tal como adelantó este periódico.
Moragues ha ocupado hasta el momento la gerencia de la empresa pública Calvià 2000, aunque con anterioridad, durante el gobierno de la alcaldesa Aina Calvo, ya estuvo ligada a la administración palmesana.
