El Ayuntamiento de Palma ha rechazado asumir el coste derivado por la subida del salario mínimo interprofesional a los trabajadores de la empresa Urbia, que se encargan del mantenimiento de los edificios municipales y de los colegios públicos de Educación Infantil y Primaria, así como de la vigilancia de estos últimos.

La denegación se basa en un informe de los servicios jurídicos municipales en el que se pone de manifiesto que la revisión del precios del sector público tiene una regulación específica y no se puede tratar como una modificación del contrato.

Igualmente se indica que "el traslado de la variación de costes a la Administración solo se puede llevar a cabo cuando así se haya previsto expresamente en los pliegos y se haya fijado en la fórmula de revisión". En cualquier caso, el aumento repercutible no podrá ser superior al incremento experimentado por el personal al servicios del sector público.