El desahucio previsto este martes en el barrio de Arxiduc se aplaza una semana, hasta el miércoles a las 10,30 horas. La inquilina de una vivienda de 30 metros cuadrados situada en la calle Pablo Iglesias, Mari Carmen, tendrá que buscar un nuevo hogar. Una veintena de personas convocadas por Stop Desnonaments acudieron por la mañana a apoyarla frente a su casa y, tras la noticia agridulce del aplazamiento, salió al portal para agradecer entre lágrimas la ayuda recibida y explicar que ella no es "ninguna ladrona ni delincuente" y que los dueños del inmueble "no han tenido compasión", ya que carece de otro lugar en el que vivir. Uno de los manifestantes la animó asegurando que volverán "la semana que viene y las veces que haga falta" para impedir el desahucio.

El lanzamiento estaba previsto a las 11,30 horas y poco después llegó la comisión judicial, quien se reunió en primer lugar con los propietarios de la vivienda, que también poseen el hotel situado justo enfrente. Tras salir de este alojamiento turístico, acudieron a la casa, ubicada en el número 48, para informar a la inquilina de la medida dilatoria. Sin embargo, como recordó uno de los dueños recientemente a Mari Carmen, "el juez ya ha dictado sentencia". "Le dije: tenga compasión de mí y perdóneme por lo que pasó", tal como recordó emocionada.

"Por motivos personales y de salud, dejó de pagar las cuotas del alquiler durante varios meses", en palabras de la portavoz de Stop Desnonaments, Alma Vives. Mari Carmen les ofreció después pagar todo lo adeudado, según añadió, pero los propietarios se negaron a coger el dinero. Según Vives, se trata de "grandes tenedores, ya que tienen hasta una decena de viviendas, y han impedido que la afectada pida la ayuda que da el Ibavi para el alquiler, puesto que no depositaron en su momento la fianza del contrato".

Otro desahucio paralizado ayer fue el de Sulamita, su pareja y sus seis hijos, que ocupan una casa en la calle Aragó número 380 desde hace tres años. Este inmueble es del fondo buitre Divarian y, como la ocupación es por necesidad, la plataforma Stop Desnonaments denunció el caso ante la Oficina del Alto Comisionado de la ONU. Su comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales pidió la paralización cautelar, aceptada por la abogacía del Estado, según explicaron desde la plataforma sobre esta estrategia de defensa, que ya surtió efecto a mediados de mes en otro caso en Son Gotleu.