Melvin Quintero, de 34 años, va a poder seguir bajo techo. La orden de desahucio se ha vuelto a aplazar. Es la segunda vez que se le avisa. Tiene a su cargo a su hija de 1 año y 10 meses y a su madre, de 59, con un grado de dependencia dos.
Melvin ha estado acompañada por los representantes de Stop Desahucios y por el representante de Crida, Manel Domingo. La jornada ha sido larga esta mañana. Con el de esta mujer ecuatoriana, cuyo oficio es técnico de radio y que actualmente recibe una ayuda por cuidar a su madre, han sido tres los aplazamientos de desahucios. El primero en Son Gotleu, el segundo en la calle Monserrat Mascaró.
La Policía Nacional ha informado a Melvin que suspenden el desahucio y que éste es el segundo requerimiento del juez.
Los funcionarios judiciales han recordado que el juez ya requirió el abandono de la vivienda el 3 de abril y que se le dio un plazo hasta el 16 de mayo. "Se le ha dado un plazo y ella no ha presentado recurso", apuntan los funcionarios judiciales.
Melvin se niega a dejar su casa hasta que no solucionen su caso, aunque es consciente de que la próxima semana es probable que el juez vuelva a requerir el desahucio. Responsabiliza a la Administración. "Lo último que me ha dicho la asistenta social es que deje a mi hija en custodia, y que me vaya con mi madre a un centro de acogida. Es lo último que haría, abandonar a mi hija", dice con los ojos húmedos. Es el único momento en el que flaquea.
La historia
Hace dos años, Melvin alquiló un estudio del edificio Pullman en un contrato en el que la propiedad figura a nombre de Bases y Raíces SLU. La renta mensual es de 330 euros que ella fue satisfaciendo puntualmente. "A los siete meses, el propietario vendió el piso cuando yo tenía un contrato por un año, y no me avisó ni me dio opción de compra. Me lo contó cuando llevaba un mes vendido", relata la inquilina.
El nuevo dueño, que esta mañana ha estado presente en el desahucio, le mantuvo el contrato. Las relaciones entre ambos se tensaron cuando, según ella, con motivo de las facturas del contador de luz y electricidad común con la casa colindante, que se había alquilado. "Él me ofreció dividir entre dos el importe de las facturas, pero le dije que no estaba conforme; y le pedí un contador individual. Dijo que lo haría pero no fue así". Ella asegura que "empezó a chantajearme".
Él, por su parte, afirma que "solo quiero que se vaya porque desde febrero de 2018 hasta hoy sólo ha pagado tres meses".
Ella indica que dejó de pagar la renta en septiembre de 2018 y un mes después "me llegó la carta pidiéndome que dejara el piso".
Para Melvin y también en opinión de los representantes de Stop Desahucio, "el fallo es de la Administración porque le han retirado la ayuda social". En su desesperación, se comunicó con Antoni Noguera a través de Facebook el pasado mes de abril.
"El 3 de abril, Melvin solicitó a Cort por escrito la propuesta de candidatura de la adjudicación de una vivienda social. El Ayuntamiento ha respondido que no dispone de viviendas sociales", cuenta Joan Segura, de Stop Desahucios.
"Estoy en el aire", dice con la voz muy baja. Este mes se le termina la renta activa de inserción y está a la espera de poder recibir la renta social garantizada. A Melvin lo que de verdad la angustia es que "me separen de mi hija. Jamás la dejaré en custodia".
