Los indicios de la ampliación de una chabola en un solar que había quedado libre tras los derribos y también la instalación de una caseta de madera en otro terreno de Son Banya han obligado al Ayuntamiento de Palma a invertir unos 40.000 euros para contratar los servicios de una empresa que impida nuevas construcciones en el poblado.

Con el nuevo contrato, el área de Bienestar quiere evitar que durante los meses que transcurran hasta que se adjudique la próxima tanda de derribos de chabolas no se reconstruya en los solares que han quedado libres en Son Banya, confirmó ayer Joan Antoni Salas, director general de este área.

Salas aseguró que en las inspecciones que se han realizado en el poblado se han observado "movimientos" que podrían acabar con la edificación de más chabolas donde ya se habían derribado otras con orden judicial de desahucio. La intención del Ayuntamiento es actuar lo más rápido posible para impedirlo. "No podemos dejar pasar meses y meses", matizó el director general en referencia a la segunda fase de desmantelamiento de Son Banya, prevista para el último trimestre de este año.

En el anuncio de contratación, Cort reconoce que "es imposible" saber el número total de nuevas edificaciones que habrá que derribar y fija un presupuesto límite de 40.000 euros. Las empresas que quieran optar y adjudicarse los trabajos tienen de plazo hasta el próximo 15 de mayo para presentar sus propuestas. La intención de Bienestar es que antes de que finalice este mes se inicien estos nuevos derribos,

Además de contratar a una empresa que elimine las nuevas construcciones de manera inmediata, el consistorio informará con paneles informativos de la ilegalidad que supone levantar más chabolas. Estos carteles se colocarán en cada solar vacío y a la entrada del poblado.

El Ayuntamiento explicó ayer que cuando se detecta una nueva construcción en el poblado, primero se pide a la familia que la ha realizado que la paralice, para evitar gastos innecesarios. Si los responsables de la edificación no responden a la petición consistorial, es cuando se procede a la demolición inmediata, como ya sucedió a principios de abril con una caseta que se utilizaba como tienda, caso en el que "el juzgado no vio impedimento legal para activar este procedimiento", recalcó ayer Cort.

Cort ofreció ayer de nuevo el balance de la primera fase de desmantelamiento de Son Banya, en la que se derribaron 42 albergues y un gallinero. Quedan todavía otras 75 viviendas en pie, que se irán eliminando también por fases entre este año y el próximo.

Esta segunda fase del plan de erradicación del poblado de Son Riera tendrá un coste de unos 600.000 euros.