El restaurante del Club Marítimo del Molinar de Levante (CMML) continúa abierto después de que este lunes la Autoridad Portuaria de Baleares (APB) hubiera ordenado la paralización y cese de su actividad por motivos de seguridad debido a las obras de reforma del puerto, ha explicado el presidente de CMML, Rafael Vallespir.
Después de que la APB indicase que el Club había sido informado de que debería cerrar sus instalaciones cuando así se les requiriera y de que el Club firmó esta "autorización", Vallespir ha matizado que firmaron una ocupación temporal del edificio --restaurante y oficinas-- para un año, prorrogable a tres, con diferentes cláusulas, entre las que se encontraba el desalojo en caso de obras que pudieran afectar a la seguridad.
Según ha dicho, les pareció "lógico" que se contemplara la prevención de riesgos y, por ello, lo firmaron. No obstante, ha considerado que "no es muy normal" que "tan solo" un mes y medio después de la firma del contrato se haya pedido el desalojo del edificio. En este sentido, ha aseverado que la ocupación del edificio debería ser de un mínimo de un año. "Deberían haber tenido una previsión", ha opinado.
Vallespir ha hecho hincapié en que "no existen problemas de seguridad" en el edificio ya que éste "no se ha tocado y no se especifican qué problemas puede presentar". Por ello ve "incoherente" la orden de cese de actividad de la APB y ha defendido que, tanto el restaurante como las oficinas, "continuarán abiertos", pese al "abuso de poder" que considera que hay con la orden de la APB.
En este sentido, ha indicado que la acción de la Policía Portuaria de este lunes --cesando la actividad del restaurante con la colocación de un cartel-- fue un acto de "intimidación, acoso y coacción" y, además, ha insistido en que la APB "no tiene competencia para pedir que se ejecute esta orden".
En esta línea, el presidente del CMML ha alegado que "el único que lo puede dictaminar es un juez", "como en un desahucio", y ha sostenido que "cerrarán el Club cuando la Ley así lo indique y exista la orden de un juez". "Ellos no tienen potestad", ha reiterado.
Con todo, ha explicado que este lunes llamaron a la Policía Nacional cuando les intentaron cerrar el restaurante y el mismo cuerpo policial "les dijo que podían quitar el cartel" que había puesto la Policía Portuaria.
Además, por otro lado, ha añadido que en el restaurante hay 11 trabajadores con contratos en vigor y compromisos y que, por ende, "habría que darles un plazo lógico para poder realizar un ERE de forma legal".
