La Policía Local ha acudido este martes a la urbanización Son Güells para desalojar a varias familias okupas de los pisos pilotos. Según ha informado el Ayuntamiento, hace días que se entregó la notificación en cuatro viviendas y en el momento de ejecutar la orden judicial solo se encontraba una personas por casa.

Los desalojos se han practicado bajo mandamiento judicial en la calle de Manacor, después de que la propiedad legítima del inmueble, el Ayuntamiento, recurriese al órgano jurisdiccional, ha informado la Policía Local. Cabe recordar que el terreno donde se sitúan estas construcciones es municipal y que el Consistorio había recibido centenares de quejas de los vecinos.

Tras los desalojos, la Policía ha cerrado los accesos con cadenas y ha tapiado puertas y ventanas, para evitar la okupación de nuevo.

Desde hacía dos años, unas cinco familias que suman 20 personas okupaban cinco edificaciones (tres pisos y dos oficinas de venta) situadas en el complejo de viviendas construidas detrás del Estadi Balear, junto a la carretera de Manacor, en un solar propiedad del Ayuntamiento, que en enero del año pasado inició el proceso de desahucio.

A principios de 2018, la concejalía de Función Pública solicitó al juzgado que impulsase el desahucio de las casas okupadas, que finalmente han sido cuatro, según ha confirmado Cort.

Antes de los desalojos, técnicos del área de Bienestar contactaron con los okupas para ofrecerles alternativas, ayuda que nadie solicitó, de acuerdo con los datos del Ayuntamiento.

Los okupas han tenido conexión eléctrica y de agua de la vía pública, pero no canalización de aguas sucias, por lo que los excrementos se han ido acumulando bajo las viviendas, según denunciaron los vecinos de Son Güells hace meses.

"Mucha gente no se atreve a pasear por esa zona, ya que ha habido amenazas cuando alguien ha reprochado algo a los okupas. Usan el césped público como si fuese el jardín privado de su casa, no tiran los residuos en los contenedores y son violentos", relataba hace unos meses a este diario un portavoz de una de las comunidades de propietarios, que prefería no dar su nombre para evitar posibles represalias.