El promotor noruego que trae de cabeza a los residentes de Son Espanyoletpor comercializar más de 40 plazas turísticas del tranquilo barrio será finalmente sancionado. La conselleria de Turismo multará a la sociedad Alzina Living debido a que explota más plazas de las que puede legalmente y porque ofrece servicio de restauración, según explicaron en el Govern. Por ambos motivos, podría tener que pagar hasta 120.000 euros, tal como establece la ley aprobada por el Ejecutivo del Pacto, ya que la empresa escandinava ha sido reincidente en la ilegalidad y se considera falta grave.

Además, una de las viviendas vacacionales que comercializaba en su página web y en plataformas turísticas ha sido cancelada. Se trata de la "villa" (así publicita sus alojamientos) llamada Can Siete, porque está en la calle Alzina, 7. La Conselleria le ha anulado la DRIAT (Declaración Responsable de Inicio de Actividad Turística) "debido a que no cumplía con lo solicitado, ya que el inmueble se encontraba en obras cuando la presentó y, por lo tanto, carecía del final de obra y de la cédula de habitabilidad, imprescindibles para poder solicitar la obligatoria licencia turística". Otro requisito es que la edificación tenga una antigüedad mínima de cinco años, "con el objetivo de evitar la especulación", algo que tampoco ocurría, porque estaba en pleno proceso de construcción.

Sin embargo, la web continúa anunciando la casa. Al inicio se indica "alquiler de larga estancia, 30 días o más", pero al final de la página se puede leer: "para hacer cualquier consulta sobre esta villa de alquiler vacacional y previamente las características y servicios que se ofrecen son claramente turísticos, incluida la posibilidad -también ilegal- de tener comida y bebida por un coste extra.

La conselleria de Turismo ha detectado más irregularidades en otros dos alojamientos de esta empresa, los situados en la calle Barrera números 61 y 63. Alzina Living presentó la DRIAT para ambos, aunque los inspectores del Govern han detectado varias deficiencias y están analizando los dos expedientes, que podrían concluir del mismo modo que el denominado Can Siete. A pesar de ello, el promotor comercializa turísticamente la llamada Villa Barrera en la plataforma Airbnb, donde se especifican los servicios ofertados, que tiene capacidad para seis huéspedes y que estará disponible a partir del 1 de junio, pero ya se puede reservar.

Desde el Govern recuerdan que "con la nueva ley, presentar una DRIAT a sabiendas de que se están incumpliendo aspectos de la normativa puede acabar en una sanción". Junto a la Declaración Responsable, los interesados en realizar una actividad turística en un inmueble residencial deben sufragar un coste por cada plaza, que en los unifamiliares asciende a 3.500 euros, por lo que si al final no son autorizadas, pierden una parte del dinero, según destacan desde la Conselleria.

Exceso de plazas

En cuanto a las sanciones por la comercialización de más plazas de las permitidas -se autorizan las establecidas en la cédula de habitabilidad-, corresponden a las villas denominadas Son Mas, Sant Josep y Porto. A esta última se le abrió un primer expediente sancionador firme por una falta leve, que ascendía a 2.000 euros, pero como el promotor reincide en ofrecer más plazas turísticas, ahora la sanción es grave.

Hace un año comercializaba en su página web 62 plazas, de las que 14 estaban en obras, por lo que no podían tener licencia. El ruido y demás inconvenientes que provocaba el hotel horizontal de Alzina Living se convirtieron en un quebradero de cabeza para los vecinos y ahora la conselleria de Turismo del Govern empieza a poner orden.