Aligi Molina se suma a la larga lista de víctimas de la burbuja del alquiler en Palma. El concejal de Igualdad del Ayuntamiento ha relatado en Facebook cómo se vio obligado hace dos meses a dejar su piso, el mismo que ahora ha visto anunciado en un portal inmobiliario por un precio superior al que pagaba él.

Molina dice haber confirmado sus sospechas sobre la resolución del contrato de alquiler del piso que habitó durante tres años. "A la hora de justificar la no renovación del contrato, la persona propietaria arguyó que lo necesitaba para su hija. Dudé, pero desde mi buena fe pensé simplemente que tenía poco más que hacer", explica el concejal, quien asegura que jugaron con él.

La Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) permite al propietario recuperar su piso y no renovar el contrato con su inquilino en caso de necesidad de esa casa para un familiar y cuando la propiedad de la vivienda consta a nombre de una persona física, tal como recuerda Molina. Pero ese no fue su caso: "Mi contrato, contrariamente, estaba a nombre de una persona jurídica porque es la manera en la que gestionan, claro, los inmuebles varios que tienen a su nombre", aclara el concejal.

El responsable de Igualdad ha publicado esta historia en la red social después de constatar que fue engañado. "Hoy he encontrado en un portal de alquileres la que durante los últimos años fuera mi casa. No la ocupó ni un hijo, ni una hija, ni la persona propietaria (aunque lo fuera a través de una persona jurídica). Simplemente la ha puesto a alquilar dos meses después de estar vacía con una subida de precio superior al 30% del precio al que me la alquilaba a mí", cuenta Molina.

Su experiencia, añade, "por distintas razones y por suerte, no es un caso humanamente dramático, como existen demasiados en nuestra ciudad". "Lo importante, en todo caso, es que es un ejemplo más de cómo el derecho a la vivienda en este país es una burla, es una estafa para que unos pocos se sigan llenando los bolsillos. Si no es con el alquiler turístico es con estas fórmulas de especulación", remarca el concejal.

"Son demasiados años ya. Hay que pararlo. La vivienda es un derecho y no un negocio", concluye su testimonio.