El desmantelamiento del poblado de Son Banya no tiene marcha atrás. Así lo reiteraron este lunes tanto el alcalde de Palma, Antoni Noguera, como la concejala de Bienestar Social, Mercè Borràs, quienes dieron por concluida la primera fase de la erradicación del asentamiento gitano.
Desde Bienestar Social ya han puesto en marcha la segunda fase del desmantelamiento, que afectará a la totalidad de las 82 chabolas que aún quedarán en pie cuando se hayan ejecutado la totalidad de los 45 derribos incluidos en la primera fase.
El director general del área, Joan Antoni Salas, manifestó que ya se están elaborando los pliegos para la contratación de la empresa que se encargará de la demolicion de laschabolas que aún quedan en pie. Si bien se tratará de un proceso que aún no ha finalizado, Salas calcula que unas 60 familias de las 83 que todavía viven en el poblado se podrán acoger a las ayudas municipales previstas en el plante de erradicación del poblado, siempre que cumplan las condiciones establecidas como son la obligatoriedad de tener escolarizados a los hijos, no tener causas pendientes con la justicia y en el caso de no disponer de trabajo o de ingresos seguir un programa de inserción.
El nuevo plan de erradicación de Son Banya, aprobado en el presente mandato apoyado inicialmente por todos los grupos municipales con representación en Cort, prevé su total desmantelamiento en 2020.
Fue firmado por todos los partidos políticos con representación en Cort, aunque el PP y Ciudadanos se desmarcaron hace unos meses. El alcalde, Antoni Noguera, confía que estos partidos se sumen nuevamente al mismo, "a no ser que quieran que la población infantil siga viviendo en condiciones de exclusión". La primera fase del plan se ha centrado en la ejecución de los primeros 45 desahucios que ya contaban con orden judicial. De estos se han ejecutado 42, puesto que dos habían caducado y otro ya se había cumplido.
Órdenes de demolición
Paralelamente a las órdenes de desahucio, que datan del mandato de la alcaldesa Aina Calvo pero que fueron paralizados durante una década por recursos judiciales, se han ejecutado 31 órdenes de demolición que han afectado a 40 viviendas, además de un gallinero.
Las 11 órdenes de derribo que no se han ejecutado se debe a que cuatro familias están acogidas al programa de realojo de vivienda pública y cinco permanecen en el poblado por cuestiones humanitarias, pendientes de valoración técnica y con plazo para encontrar una solución habitacional.
Las dos restantes no se han derribado por motivos de seguridad estructural, ya que ocupaban una zona que hacía peligrar la estructura de otras chabolas si se ejecutaba la demolición. Esta primera fase ha afectado a 28 familias compuestas por 117 personas, 68 adultos y 49 menores.
El alcalde, Antoni Noguera, agradeció el trabajo realizado por el área de Bienestar y Derechos Sociales por haber liderado este proceso, que calificó de "histórico". También agradeció el apoyo de los departamentos de infraestructuras y Seguridad Ciudadana, así como a la Policía Nacional, a las comisiones judiciales y al Ibavi por la cesión de viviendas "para que esta primera fase fuese un éxito".
Noguera explicó que el equipo de gobierno decidió reiniciar el proceso porque "teníamos una resolución judicial que cumplir, por la población infantil en riesgo y para acabar con el supermercado de la droga".
