El Ayuntamiento de Palma prevé la creación de una comercializadora energética pública municipal, que se materializará a través de la Empresa Municipal d'Aigües i Clavegueram (Emaya) con la que se pretende, además de "alcanzar al soberanía energética", conseguir importante ahorros que la teniente de alcalde de Ecología, Neus Truyol, según los estudios de viabilidad económica que barajan, calcula "en más de un millón de euros al año" por lo que se refiere a la factura eléctrica.

La creación de esta comercializadora se va a proponer en el próximo pleno municipal. Se está trabajando en el proyecto desde el pasado mes de noviembre y ya cuenta con los informes favorables por parte de los servicios jurídicos municipales, Intervención y de la Oficina de Control del Gasto.

Tras la aprobación inicial se abrirá un período de información al público para elegaciones y se procederá en un próximo pleno, que ya se producirá probablemente después de las elecciones, a su aprobación definitiva.

Posteriormente, se deberá proceder al cambio de los estatutos de Emaya, empresa mercantil a la que el Ayuntamiento encargará esta gestión de comercialización, con el fin de que, además de dedicarse al suministro y depuración de aguas y a la recogida de basuras, también se pueda encargar de la comercialización y produccion energética.

En estos momentos la factura eléctrica de Emaya es de 5,8 millones anuales. Con la puesta en funcionamiento de la comercializadora se prevé un ahorro de 110.000 euros al año, aunque se puede llegar a los 140.000 euros anuales con la gasificación y electrificación total de la flota.

Por su parte, el Ayuntamiento y sus organismos gastan al año 6,5 millones en electricidad y con la comercializadora propia se producirá un ahorro de 50.000 euros anuales. No obstante, se prevé un ahorro potencial del 20% de la factura, porque podrá negociar la compra y la distribución de la energía, lo que supone mas de un millón anual.

La iniciativa se pondrá en funcionamiento por fases. En una primera, que tendrá una duración de dos años, se seguirá actuando como un consumidor directo en los mercados de gas y electricidad y gestionando los excedentes de producción de energía renovable, como hasta ahora y solo afectará a Emaya.

En la segunda fase, se seguirá actuando como consumidor directo en los mercados, aunque también se comercializará la energía utilizada por el Ayuntamiento y sus organismos dependientes.

Por último, en una tercera fase, a partir del quinto año, se prevé poder comercializar a terceros, con las limitaciones que marca la ley, que solo permite vender un máximo del 20% de la energía producida.

Truyol ha explicado que la iniciativa, "además de las evidentes ventajas económicas, también tiene medioambientales". Entre otras, ha citado la reducción de emisiones, el hecho de que permite el uso racional y eficiente de la energía, actuar en defensa de los consumidores más vulnerables y promover proyectos participativos de energías renovables.