Los controles en los accesos de las Áreas de Circulación Restringida a Residentes (Acires), han "disparado" las multas de tráfico impuestas por el Ayuntamiento de Palma a lo largo del año pasado.
Según la información facilitada por el departamento de Movilidad de Cort, en 2019 se impusieron 178.379 sanciones por acceder sin disponer del correspondiente permiso a alguna de estas áreas cuya circulación está restringida a los residentes con autorización, frente a las 137.241 impuestas a lo largo de 2017, lo que supone un incremento del 29,9%.
Si se compara con las multas impuestas por este mismo concepto en 2016 la diferencia es aún mayor ya que este año se tramitaron 94.704 expedientes por acceder sin permiso a estas zonas del centro de la ciudad restringidas a residentes.
Según el concejal de Movilidad, Joan Ferrer, este incremento se debe a que en 2018 hubo un mayor tráfico rodado en la ciudad, ya que no se debe atribuir, en principio, a la colocación de más cámaras de videovigilancia en las zonas Acire. En este sentido recordó que, a lo largo de 2018, no se instaló ningún dispositivo más de estas características.
Este incremento de las sanciones de tráfico fue generalizado en 2018 y debido, según Ferrer, al mismo motivo. De hecho, si se tienen en cuenta todos los expedientes sancionadores por infringir alguna norma de circulación a lo largo del año pasado, se comprueba ba que hubo un aumento de casi el 20% en relación a 2017.
En concreto, el año pasado se incoaron 344.168 expedientes de infracción (prácticamente los mismos que se tramitaron) frente a los 287.347 de 2017 y los 243.101 de 2016. Todos los años la práctica totalidad (en concreto, el 99%) de las multas impuestas tanto por los agentes de la Policía Local, los empleados de la ORA, el radar o por los controles de acceso a las zonas Acire se tramitaron.
Los agentes de la Policía Local impusieron 45.413 multas de tráfico, lo que supone un 20% más que en 2017, año en el que los expedientes incoados por estos funcionarios fueron 37.1712. Esta cifra es superior a las 33.525 sanciones impuestas por los agentes a lo largo de 2016.
Multacar casi en desuso
El uso de los radares fijos y móviles por parte de la Policía Local, supuso un incremento de las sanciones por exceso de velocidad del 40%. Aunque porcentualmente el incremento de estos expedientes es el más importante, si se consideran los datos absolutos se comprueba que se impusieron 16.119 multas frente a las 11.436 de 2017. El denominado multacar solo impuso 10 sanciones en 2018 frente a las 176 de 2017 y las 599 de 2016. Lo anterior es debido a que a lo largo del año pasado el vehículo no estuvo operativo dira meses.
Por último, los agentes de la ORA impusieron un total de 20.377 multas por incumplir alguno de los puntos de la ordenanza por parte del infractor, que en la mayoría de los casos tiene que ver con haberse excedido del tiempo reglamentario. En relación a 2017 el número de denuncias fue prácticamente el mismo, ya que se contabilizaron 20.083, mientras que, a lo largo de 2016 los, agentes de que vigilan los estacionamientos de pago denunciaron 18.458
La ORA recaudó 30.670 euros diarios, 359 más que en 2017
El Ayuntamiento de Palma recaudó a lo largo del año pasado 8,5 millones por los estacionamientos de pago incluidos en las zonas en las que es de aplicación la Ordenanza Reguladora de Aparcamientos (ORA). Se trata de una cantidad similar a la del año precedente, puesto que en 2017 se recaudaron por este mismo concepto 8,4 millones, 100.000 euros menos. Lo anterior es debido a que el número de estacionamientos regulados por la ORA fueron prácticamente los mismos a lo largo de 2018 y 2017. En concreto, el año pasado la ORA tuvo una media de 11.690 plazas, mientras que en 2017 fue de 11.719. Si se tiene en cuenta el número de días anuales en los que el servicio está operativo, se recaudó una media de 30.670,86 euros por jornada frente los 30.311,20 de 2017. Por plaza y día, la recaudación fue de 2,624 euros. A la cantidad recaudada hay que restar los costes del servicio, tanto los relativos a la unión temporal de empresas liderada por Dornier que dispone de la adjudicación hasta el próximo mes de julio, como los del propio Ayuntamiento, que destina funcionarios a su control.
