Los fondos buitre son una presencia poderosa -e invisible- en barrios deprimidos de Palma como Camp Redó y Son Gotleu, donde se levantan edificios en los que estas sociedades oportunistas rivalizan con los bancos a la hora de acaparar pisos. Los antiguos propietarios se marcharon hace tiempo con una orden de desahucio bajo el brazo, pero los inmuebles nunca han permanecido demasiado tiempo vacíos.

Divarian Propiedad es uno de los señores del ladrillo de Son Gotleu, donde acapara casi 120 viviendas mientras espera que el mercado ofrezca buenas oportunidades para vender. El BBVA necesitaba soltar lastre y en septiembre traspasó todo su parque inmobiliario al fondo buitre, incluyendo centenares de inmuebles que se reparten por toda Mallorca.

"Tenemos el desahucio para el 26 de febrero", explica Antonia Horrach. Vive con su hijo de dos años en uno de los pisos que Divarian tiene en Son Gotleu. En este edificio de la calle Santa Florentina hay otros dos pisos propiedad del fondo buitre. Y en la finca contigua gestiona otros tres, según el Registro de la Propiedad.

"Llegué aquí hace un año. Firmé un contrato de alquiler y pagué 900 euros de la primera mensualidad y la fianza. Pero me estafaron. El hombre que redactó el contrato se hizo pasar por el propietario y después de pagarle siete meses desapareció", lamenta Horrach. En julio le llegó una citación judicial instada por el BBVA. El traspaso del piso a Divarian no ha detenido el proceso.

"Yo no he entrado aquí dando una patada en la puerta; quiero pagar un alquiler, pero no sé a quién", afirma esta mujer.

Los fondos buitre apenas conceden alquileres sociales. Pisos como el de Horrach son una inversión a largo plazo y necesitan tenerlos cerrados y vacíos, pero en Son Gotleu es casi imposible. "Aquí hay 24 viviendas y la mitad son de bancos y fondos buitre. Todas están okupadas", cuenta David Vilches, presidente de la comunidad del edificio en el que vive Horrach. Vive con su pareja y su hijo en una planta baja. Su batalla no es contra los fondos, sino contra la inseguridad.

"No te puedes ir tres días porque te fuerzan la puerta. Un día estábamos en casa y vimos cómo alguien intentaba entrar por la ventana. Pusimos una alarma, pero así no se puede vivir", dice señalando el vestíbulo de la finca, donde han robado hasta las puertas de los buzones.

Inés Cano vive con su marido y sus tres hijos en una vivienda de la calle Pics d'Europa, donde Divarian también tiene una presencia notable. "Llegué aquí hace cinco meses. Encontré la puerta abierta y entré. ¿Por qué? Porque no tengo casa y no me voy a quedar en la calle con mis niños", afirma.

El más pequeño nació el 9 de enero de manera prematura. "Queremos un alquiler social. No podemos permitirnos pagar una renta normal", cuenta Cano. "Mantenemos el piso en buen estado, y hasta hemos hecho algún arreglo, pero prefieren que estén vacíos", añade.

Entidades financieras y fondos buitre dominan el edificio. La mayoría de los inmuebles deberían estar vacíos, pero el desmentido llega en la planta baja. "Estas tres viviendas son de bancos y están okupadas, y este es de un particular", informa un vecino.

El pasado verano hubo en la misma calle un desahucio sonado. Clarisa se enteró de que el banco la desalojaba cuando estaba en un hospital de Barcelona velando a su hija, enferma de cáncer. Los operarios enviados por el banco tapiaron la ventana con ladrillos y sellaron la puerta con cemento para que nadie volviera a habitarla. Poco después un hombre destrozó el portal y okupó la vivienda, aunque no ha retirado los ladrillos de la ventana.

Así que Clarissa fue desahuciada, pero el banco no recuperó su vivienda. Un absurdo que se repite con frecuencia.

Divarian extiende su influencia por toda Palma, también en Camp Redó. Allí Pilar Rodríguez y su familia llevan años pendientes de que les desahucien del piso de 28 metros cuadrados en el que viven y que desde septiembre pertenece al fondo buitre.

La mujer recuerda el último intento de desahucio: "Vinieron dos personas del juzgado diciéndome que me tenía que marchar. Yo estaba a punto de irme al cementerio a visitar la tumba de mi marido. Cuando se lo dije uno de ellos hizo una llamada, colgó y me dijo que fuera tranquila al cementerio, que ya volverían otro día".

Rodríguez alquiló la vivienda a un hombre sin saber que sobre el inmueble ya pesaba la amenaza de desahucio. "Así no se puede vivir. Yo quiero pagar y dormir tranquila", subraya. Pero no sabe a quién. Solo tiene una carta de Divarian en la que se comunica dónde tiene que abonar los gastos de la comunidad.

"No renunciamos a nada", advierte Joan Segura, de Stop Desnonaments. "Luchamos por un alquiler social y si no lo conceden, pedimos a la administración que expropie los pisos de estas empresas y los convierta en vivienda pública. De momento nadie tiene que salir de su casa", sentencia.

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