Uno de cada tres contratos de servicios del Ayuntamiento está en el aire debido a los retrasos en las licitaciones. De los 70 que son gestionados por el consistorio, hay 22 expedientes en trámite de adjudicación, pero Cort duda de que puedan ser aprobados antes de las elecciones municipales. Las cuatro causas principales son la falta de personal en los servicios jurídicos y, hasta hace poco, en intervención; la nueva ley estatal de Contratos del Sector Público; las herramientas tecnológicas desfasadas y la "paralización" que provocó en los primeros años de mandato la investigación de los casos de corrupción, como ha dicho el alcalde, Antoni Noguera, en diversas ocasiones.
La consecuencia directa es que puede peligrar la adjudicación de contratos de concejalías como Movilidad, Urbanismo y Modelo de Ciudad, Deportes, Participación Ciudadana, Infraestructuras, Gobierno Interior o Ecología. La veintena de expedientes cuenta con los informes favorables y los pliegos aprobados por la junta de gobierno de Cort. Hay algunos en fase de publicación para recibir ofertas y otros están pendientes de formalización. Según indican desde el área de Función Pública, una vez aprobado un pliego, si el contrato no se licita durante este mandato, el próximo equipo que salga de las urnas en mayo puede renunciar o desistir de él, aunque "tendrá que aportar argumentos jurídicos de peso para paralizarlo", tal como resaltan.
En peor situación se hallan los contratos cuyos pliegos todavía no han sido aprobados. El exceso de trabajo en el departamento de servicios jurídicos "provoca que los informes tarden hasta un año en ser redactados, cuando antes era la mitad", según señalan otras fuentes, por lo que la contratación se retrasa y, en ciertos casos, no se podrá adjudicar a tiempo, como sucederá por ejemplo con dos de los campus de verano.
La ley de Contratos del Sector Público aprobada en marzo del año pasado facilita la agilización de los trámites por vía electrónica, pero la desfasada tecnología del Ayuntamiento no está adaptada a los cambios, por lo que los nuevos contratos municipales también se ven perjudicados en este sentido. Al contrario, la modificación de la ley para incluir cláusulas sociales ya se aplicaba en Palma desde el comienzo de la legislatura, por lo que este punto no ha supuesto ningún problema, afirman.
Solo cuatro letrados
En el departamento de servicios jurídicos solo hay cuatro letrados y cada uno lleva "alrededor de 500 expedientes", entre los que están los informes de los pliegos y las demandas en marcha contra el consistorio, entre otros asuntos. Desde Función Pública calculan que "cada abogado acude a una treintena de juicios en un mes, un trabajo al que hay que añadir el análisis pormenorizado de todos los expedientes, debido a que lo comprueban todo con lupa antes de firmar nada". Y no se pueden realizar nuevas contrataciones de personal, solo reposiciones, por la denominada ley Montoro.
Muchos de los contratos son de servicios básicos, como la grúa o tareas de mantenimiento, entre otros, de ahí que para sortear los problemas se haya recurrido en numerosas ocasiones a aprobar prórrogas. Sin embargo, no puede hacerse más allá de un plazo de tiempo determinado -incluidas las prórrogas extraordinarias- y Cort ya ha recibido advertencias de ilegalidad del interventor por abusar de esta práctica.
