Una subida de 200 euros en la renta amenaza a 50 familias de sa Gerreria en alquiler social

"Llevo más de nueve años viviendo aquí y reivindicamos nuestro derecho a quedarnos. Somos más de cincuenta familias afectadas. Pagamos regularmente la renta y queremos llegar a una solución por las buenas. Y si ellos no quieren, será por las malas", relata Encarnación López, una de las afectadas que, además, tiene una orden de desahucio pendiente de ejecución.

Las tres promociones terminan un régimen concertado que se ha prolongado durante diez años. Dos inmuebles que se le levantan en la calle Forn del Vidre Vell pasarán al mercado de alquiler libre el 15 de julio, y otro ubicado en la calle s'Hostal de Santanyí lo hará el 19 de febrero.

La empresa que gestiona ahora las tres promociones, Alquileres sa Gerreria S.L., ha enviado una carta a cada afectado en la que le advierte de que las condiciones de su alquiler están a punto de cambiar.

"Voluntad de negociación"

"Por tratarse de una vivienda sujeta a régimen de protección oficial como vivienda de renta concertada, procede la actualización de dicha renta a la finalización de dicho régimen de protección oficial y negociación de las nuevas condiciones contractuales", indica la misiva, que concluye: "Sirva la presente como notificación de nuestra voluntad de negociación de las nuevas condiciones contractuales a la finalización de dicha protección oficial".

Esas condiciones varían según cada caso. "Ahora pagamos 522 euros y me dijeron que con la renovación me cobrarían un máximo de 850 porque soy buena y pago siempre", relata Fatima Filane. "Poco después me llamaron para decirme que me lo dejaban en 750 euros. Tampoco podemos hacer frente a esa renta, pero es que el piso tampoco vale ese dinero", lamenta esta mujer, madre de dos niños.

Los vecinos también denuncian haber sufrido "acoso inmobiliario" en forma de cortes de agua y visitas aparentemente injustificadas a los pisos -"el otro día entraron a mi casa a tomar medidas sin avisar ni dar ninguna explicación", denuncia Filane.

David Corro también se enfrenta a una subida notable de su renta: de 503 euros a 750. O más. "Inicialmente me propusieron un alquiler de 750 euros, pero después me advirtieron de que sería más elevada porque la ley había cambiado y ahora están obligados a hacernos contratos más largos", subraya Corro en referencia a la reforma de la LAU, que establece el alargamiento de los contratos de tres a cinco años -siete en el caso de empresas-.

Si nada lo remedia, sa Gerreria se enfrenta a uno más de los procesos de gentrificación que ha sufrido desde que se levantó hace más de una década para rehabilitar una zona de Palma entonces muy deprimida. "En enero de 2018 ya se produjo un intento de desahucio de una persona que se había retrasado un mes en pagar el alquiler. La propiedad siempre ha tenido mucho interés en que se vayan los inquilinos de siempre para alquilar a turistas o personas con una alto poder adquisitivo", valora Manel Domènech, activista y presidente de la asociación de vecinos de Canamunt.

"La idea es que todos los afectados se unan para negociar las nuevas condiciones en bloque. Si cada uno lo hace por su cuenta no conseguiremos nada", valora Domènech.

En 2017 el Govern sancionó con más de 20.000 euros a Agopoli Business S.L.sancionó con más de 20.000 euros a Agopoli Business S.L, propietaria de los edificios, por anunciar tres de los pisos en Airbnb y Booking para alquilarlos a turistas a 150 euros la noche y después de quitar la placa oficial de VPO. Ahora tampoco pueden ofrecerlos a turistas por la prohibición que rige en Palma.

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