El Grupo Barceló ha renunciado definitivamente a reclamar la adjudicación de la gestión del Palacio de Congresos y de su hotel anexo. La empresa Barceló Eventos Empresariales S. L., ha presentado un escrito ante el juzgado de primera instancia número 13 de Palma por el que desiste de la demanda civil interpuesta contra la decisión del consejo de administración de la sociedad Palau de Congressos S. A. por la que se adjudicó la gestión en régimen de alquiler del centro de convenciones de Palma y de su hotel anexo al grupo hotelero Melià.
La decisión se ha tomado por parte de la empresa hotelera dos semanas después de que el Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) desestimara el recurso de Barceló contra la decisión de la junta de gobierno del Ayuntamiento de Palma de no ratificar la adjudicación de la gestión del complejo congresual y del palacio a este grupo hotelero.
Esta decisión se basó en un informe elaborado por el catedrático de derecho administrativo de la UIB Avel.lí Blasco, contrario a la ratificación de la adjudicación a este grupo empresarial por ser el acuerdo perjudicial para los intereses generales.
Tanto en la sentencia de primera instancia como en el fallo del TSJB, que avalaron la decisión municipal, se indica que la no adjudicación "se ampara en el cumplimiento del interés público y de la legalidad".
Asimismo, la sentencia afirma que la decisión "encuentra también su encaje en un criterio de rentabilidad en la enajenación de los bienes de las administraciones públicas".
Pérdidas de hasta 85 millones
De hecho, si se hubiera adjudicado la gestión del Palacio y del hotel al grupo Barceló, las pérdidas para las arcas públicas hubieran oscilado entre los 7,3 millones en los próximos 15 años en el caso de que se hubiera optado solo por el alquiler de las instalaciones, y los 85 millones si se hubiera ejecutado la opción de compra del hotel prevista dentro del período de concesión de 35 años, posibilidad también incluida en el pliego de condiciones.
Tal como recordaron el alcalde de Palma, Antoni Noguera, la concejala y presidenta del consejo de administración de la sociedad pública Palau de Congressos, Joana Maria Adrover, y la vicepresidenta del Govern balear, Bel Busquets, en su calidad de presidenta de la junta de accionistas, también se producía una pérdida patrimonial para las arcas públicas y los intereses de los ciudadanos, puesto que el hotel se vendía. De esta forma, la no ratificación de la adjudicación de la gestión a Barceló, la aprobación de unos nuevos pliegos, la convocatoria de un nuevo concurso y la posterior adjudicación en régimen de alquiler del centro de convenciones y del hotel al grupo Melià, además de poner en funcionamiento el complejo después de 10 años de obras interrumpidas en varias ocasiones, ha generado unos ingresos para las arcas públicas de 3,3 millones de euros.
Tal como anunció la vicepresidenta Govern, Bel Busquets, se espera finalizar el año alcanzando la cifra de 4,4 millones.
Si bien con el desestimiento del Grupo Barceló a esta última acción judicial queda despejada la duda de la adjudicación de la gestión del Palacio y del Hotel a Melià, aún no se han cerrado todas las reclamaciones relacionadas con las obras.
Reclamación de Acciona
Queda por resolver la reclamación judicial realizada por Acciona, empresa constructora del complejo, que alcanza la cifra de 24 millones.
La anterior cantidad se refiere a los sobrecostes ocasionados debido a las paralizaciones que ha sufrido la obra. No obstante, un informe de Palau de Congressos indica que no le corresponde ninguna indemnización.
