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Palmario

Ca'n Ribas propicia un nuevo desencuentro del tripartito

El representante de los trabajadores de la grúa en su intervención. j. C.

La proximidad de las elecciones municipales propicia que los distintos partidos que conforman las coaliciones que han gobernado las instituciones, como es el caso de Palma, tengan la tendencia a distanciarse de sus compañeros de equipo de gobierno. A menudo se producen votaciones separadas, en algunas ocasiones referidas a cuestiones de calado y, en otras, de escaso peso, aunque puedan tener un determinado valor simbólico. Lo anterior ocurrió ayer en dos ocasiones en el pleno del Ayuntamiento de Palma, cuando el PSOE, Més y Podemos votaron distinto en dos puntos. En el primero, la facción oficialista de Podemos ( Antónia Martín y Rodrigo Romero) quisieron apoyar una transaccional a una propuesta del PP y Ciudadanos para que los usos a los que se debe destinar la fábrica de Ca'n Ribas sea consensuado con los vecinos. No obstante, Martín tuvo que marcharse del pleno y el portavoz adjunto de Podemos, el concejal Aligi Molina, no quiso firmar la transaccional alegando falta de información. El resultado fue que no pudo tratarse en el pleno y la proposición de los grupos de la oposición fue rechazada. Otra cuestión que dividió el voto del Tripartito fue la del PP relativa a la implantación en Balears de una Unidad Militar de Emergencias (UME). El PSOE y Podemos votaron a favor, mientras que Més se abstuvo.

El ascensor de la Plaza Major ya funciona nuevamente

Tras varias semanas de inactividad, el ascensor de la Plaza Major ya funciona nuevamente. Ciudadanos ya forzó un acuerdo plenario para comprometer a Infraestructuras a arreglarlo y ayer el concejal Rodrigo Romero explicó que están estudiando medidas de vigilancia para evitar los actos vandálicos que lo inutilizan constantemente.

Preocupación entre los trabajadores de la grúa

Los trabajadores de la grúa trasladaron al pleno su preocupación por la adjudicción del servicio a Setex Aparki. La concejala Angélica Pastor se comprometió a respetar la resolución del Tribunal Administrativo Central, al que han recurrido los representantes de CCOO.

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