El Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) ha ratificado la decisión del Ayuntamiento de Palma de desistir en la adjudicación de la gestión del Palacio de Congresos al grupo Barceló. El alto tribunal ha rechazado el recurso presentado por la compañía hotelera contra la sentencia del juzgado de lo contencioso administrativo número uno de Palma que, en noviembre del año pasado, se pronunció en el mismo sentido.
En el fallo, dado a conocer ayer por la presidenta del consejo de administración de la sociedad Palau de Congressos S. A. y concejala de Comercio y Turismo de Cort, Joana Maria Adrover, el tribunal da la razón al Ayuntamiento cuando decidió no ratificar la concesión de la gestión del centro de convenciones de Palma y su hotel anexo al grupo Barceló afirmando que "se ampara en razones motivadas y avaladas por el Informe de la UIB y por la intervención general del Ayuntamiento, que buscan salvaguardar el interés público y el cumplimiento de la legalidad". Igualmente, la sentencia indica que la decisión "encuentra también su encaje en un criterio de rentabilidad en la enajenación de los bienes de las administraciones públicas".
Tanto Adrover como el alcalde de Palma, Antoni Noguera, y la vicepresidenta del Govern balear, Bel Busquets, manifestaron su satisfación por este fallo.
Recorcaron que, si se hubiera adjudicado el anterior contrato al grupo Barceló, las pérdidas para las arcas públicas hubieran oscilado entre los 7,3 millones en quince años en el caso del alquiler de las instalaciones y los 85 millones si se hubiera ejecutado la opción de compra prevista dentro del período de gestión de 35 años, posibilidad también incluida en el anterior pliego de condiciones. En ambos casos, además, se producía una pérdida patrimonial para las arcas públicas y los intereses de los ciudadanos puesto que el hotel del complejo se vendía.
Ingresos de 4,4 millones
Por contra, con el desestimiento de la adjudicación a Barceló, el cambio de pliegos, la convocatoria de un nuevo concurso y la posterior adjudicación del alquiler de las instalaciones al grupo Melià, hasta abril de 2017 se han generado unos ingresos para las arcas públicas de 3,3 millones y se espera finalizar el año alcanzando la cifra de 4,4 millones, según la vicepresidenta del Govern, Bel Busquets.
Para el alcalde, Antoni Noguera, el fallo constituye "una victoria de la legalidad y del interés público". Con esta sentencia, además, a juicio de la máxima autoridad municipal, "se ha demostrado que la izquierda gestiona mejor que la derecha", puesto que "se ha conseguido poner un funcionamiento una infraestructura que con los gobiernos del PP estaba estancada y que, además, genera recursos en lugar de pérdidas para las arcas públicas".
La sentencia puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo. El fallo también posibilita que, en breve, se resuelva la demanda civil impuesta por el grupo Barceló por el mismo motivo, aunque en esta ocasión contra el acuerdo que desestimiento aprobado con posterioridad a la decisión municipal por el consejo de administración de la sociedad Palau de Congressos S. A., propietraria del centro de convenciones y del hotel anexo, e integrada a partes iguales por el Govern y el Ayuntamiento de Palma.
La sociedad debe enfrentarse aún a la reclamación judicial de 25 millones realizada por Acciona, la constructora del complejo. La empresa considera que la paralización de las obras y el retraso de las mismas ha supuesto un quebranto económico para sus intereses valorados en la cantidad anteriormente indicada, mientras que Palau de Congressos considera que no le corresponde indemnización alguna.
