El PP en el Ayuntamiento de Palma solicitará hoy en el consejo de administración de Emaya y en el próximo pleno la dimisión de la presidenta de la empresa municipal, Neus Truyol, y de la gerente Imma Mayol, por su mala gestión económica, de los servicios básicos como el de limpieza y por la trama de los falsos títulos.
La portavoz de este partido en Cort, Margalida Durán, ha manifestado esta mañana antes de la celebración del consejo de administración previsto en el que se aprobarán las cuentas del próximo año y se despedirá a cuatro personas de las diez ya expedientadas por presentar falsos títulos en procesos de selección de personal para trabajar en la empresa, que van a exigir también tener acceso a los expedientes incoados.
Para Durán, la presidenta de Emaya, Neus Truyol, "tiene una gran oportunidad hoy para reconocer que no se dio información verídica sobre los expedientes" incoados a estos trabajadores, entre los que se encuentra un militante de Més y miembro del comité de empresa de la sección de Aguas, José María García Hernández.
Los conservadores sostienen que la empresa ocultó la existencia de falsas titulaciones y que solo después de que un particular denunciara los hechos ante la Guardia Civil y como consecuencia de las averiguacioens realizadas por la Benemérita, se actuó remitiendo los expedientes a la Fiscalía.
La interpretación de la empresa es radicalmente distinta ya que sostiene que, como consecuencia de una sospecha generada por uno de los títulos falsos a un miembro de uno de los tribunales, se inició, a finales del pasasado mes de octulbre, una investigación interna que finalizó con la incoación de los primearos siete expedientes, cuya información se remitió a la Fiscalía. Hasta el momento la empresa ha insistido en que la Guardia Civil se interesó por el contenido de la información horas después de la remisión de la documentacón a la Fiscalía.
La solicitud de dimisión no tiene visos de prosperar por cuanto tanto Truyol como Mayol tienen el apoyo del todo el equipo de gobierno, talcomo ha afirmado esta mañana, al témino de la junta de gobierno que se celebra cada miércoles, su portavoz Susanna Moll. Ha recordado que la compañía "ha actuado con contundencia" y ha insistido en que "primero se investiga, se abre un expediente, y si se demuestra que se ha cometido un fraude se actúa en consecuencia, despidiendo a la persona afectado y remitiendo la información a la Fiscalía".
La respuesta de Truyol
Por su parte, la presidenta de Emaya, Neus Truyol, una vez finalizado en consejo de administración en el que se ha despedido a tres trabajadores implicados en la trama de falsas titulaciones, ha arremetido contra el PP afirmando que este partido "no puede dar lecciones de procesos de contratación limpios y justos en Emaya, porque ha gobernado en esta empresa durante muchísimos años practicando el enchufismo y contratando a dedo y creando una red clientelar". Truyol ha manifestado asimismo: "Además, en este asunto de las falsas titulaciones estamos actuando con una absoluta rigurosidad, diligencia y contundencia, con todas las garantías, en cada uno de los casos que vamos detectando ya que investigamos los hechos con el afán de esclarecerlos y tomamos en cada caso las medidas oportunas, como ha ocurrido en el consejo de hoy con el despido de tres trabajadores".
Por otra parte, la concejala Maria José Bauzá, representante del PP en el consejo de administración de la empresa ha informado que va a votar contra los presupuestos del proximo año porque, entre otras cosas, "por primer vez en años nos presentan unas cuentas con un déficit de 5,5 millones" fruto, según su versión, "de la mala gestión económica" de la compañía.
A este déficit se añade que la recaudación por las tarifas de agua, que el año pasasdo subieron entre un 6% u un 12%, "es de 6 millones más", lo que demuestra que si no se hubiera subido el precio del agua "el déficit previsto sería aún mayor". Asimismo, Bauzá ha criticado la disminución en 7 millones de la aportación municipal a la limpieza viaria, al igual que el déficit de 2,5 millones previsto en el servicio de recogida de basuras, cifra que coincide con el "ahorro" en la factura de la tasa de incineración. El presupuesto global de la empresa es de 112 millones, y se prevé acabar con una deuda bancaria de 44 millones.
