Las dos instituciones que tienen paralizada la celda para amianto de Emaya en Son Reus aseguraron ayer que se llegará a una solución "intermedia" y que existe la voluntad "política" para autorizarla y dar salida no solo a las 350 toneladas de fibrocemento que se acumulan en Son Anglada, sino a todos los residuos de este tipo que se generen en la isla.

La celda de amianto, tal como ha publicado este diario, fue construida en el vertedero de Son Reus por iniciativa de Emaya en 2014, en vista de la cantidad de material que iba acumulando. Y desde entonces, ese gran depósito permanece a la espera de ser utilizado ante el desacuerdo de Govern y Consell sobre cuál es la institución competente para autorizar su puesta en marcha. Se trata de diferencias de criterios técnicos, pero por ambas partes, según declararon ayer a este diari0, se retomarán las negociaciones y en ellas se incluirá a Emaya.

Para la construcción de la celda de amianto, Emaya solicitó y obtuvo la autorización de la Comisión Balear de Medio Ambiente, del Govern, por lo que el director general de Educación Ambiental, Calidad Ambiental y Residuos, Sebastià Sansó, considera que han cumplido con su responsabilidad. En su opinión, tan solo falta que se fijen las tarifas para depositar el amianto en este depósito. Respecto a por qué no se está utilizando ya, Sansó admitió que "hay diferentes puntos de vista técnicos sobre cómo ponerla en marcha".

El director general sostiene que el amianto intacto no es un residuo peligroso, por lo que sus técnicos rehúsan que el Govern sea el competente en autorizar su gestión. Por ello, remarcó que si se tiene la "voluntad política" es llegar a un acuerdo. En la otra parte implicada, los técnicos del Consell consideran el amianto como un "residuo peligroso", explicó ayer la consellera insular de Medio Ambiente, Sandra Espeja, por lo que creen necesario que el Govern haga una encomienda de gestión, es decir, que traslade su potestad a otra administración, para autorizar la celda. "Encontraremos la vía para llegar a un acuerdo", aseguró Espeja, quien negó que el permiso para la celda se hubiera dejado abandonada, aunque reconoció que se tenía que reactivar y "convocar más reuniones". La consellera añadió que se dará prioridad a esta cuestión.

Las 350 toneladas de fibrocemento con amianto que aguardan desde hace años en Son Anglada son antiguas tuberías que Emaya utilizaba para la canalización de agua. Su traslado a la península implicaría desembolsar 70.000 euros, o al menos esa era la cantidad presupuestada hace tiempo.