Para evitar que Santa Catalina se convierta en un barrio vetado para los residentes locales, el presidente de Palma XXI, Jaume Garau, abogó por limitar la subida de los alquileres y construir vivienda pública de alquiler, de manera que los precios estén más equilibrados.

Pero además, Garau pidió para las islas del Mediterráneo, no solo para Balears, "una regulación de las inversiones inmobiliarias, porque "son territorios muy frágiles y hay que protegerlas".

En cuanto a la inversión inmobiliaria en Santa Catalina, Garau concluyó que "se ha llegado a un cierto equilibrio".