Las 17 familias que okupan el bloque VIII de Corea, el edificio que Cort derribará para construir una zona verde, exigen un alquiler social a cambio de abandonar las viviendas.
Los afectados, entre los que hay una veintena de niños, han contratado un perito para que confirme que el inmueble se encuentra en malas condiciones, tal como afirma el Ayuntamiento, que lo ha declarado en ruina y el lunes envió a otro especialista en arquitectura para certificar cuál es el estado del bloque, situado en la confluencia de la calle Infant Pagà con Alfons el Savi.
Los okupantes se han reunido esta tarde frente al edificio para decidir qué pasos dar ante el próximo desalojo, aunque tienen claro que si el perito concluye que pueden continuar residiendo en los pisos, no se marcharán.
Según uno de los portavoces, Máximo Parras, el perito del consistorio le dijo que la casa que okupaba él y su familia "está en condiciones para vivir". "No se van a caer, por lo que queremos que Cort no nos engañe y nos ayude", como exigió otro de los afectados, José Carlos Rodríguez.
