La Defensora de la Ciudadanía, Anna Moilanen, denunció ayer en la comisión del pleno de sugerencias y reclamaciones "limitaciones en la independencia y autonomía" de la oficina que dirige. Moilanen explicó que solo se ha podido ejecutar el presupuesto en un 30% debido a la "falta de capacidad de gestión" que provoca el hecho de que aún no se han delimitado en el decreto de asignación de competencias cuáles corresponden a su departamento y cuáles son de las distintas concejalías. Esta situación ha impedido, por ejemplo, que se haya podido contratar un estudio sobre ruidos, puesto que se trata de una competencia atribuida a Salud, por lo que no se ha podido autorizar el gasto.
Esta situación, pese a que económicamente la asignación para le realización de estudios o informes independientes solo es de 17.000 euros supone un inconveniente importante para el funcionamiento de la oficina.
Asimismo, Moilanen ha remitido una "advertencia", la primera del actual mandato, a la concejalía de educación por no haber convocado el pleno del Consejo Escolar Municipal. Si bien este órgano debe reunirse al menos dos veces al año, no lo ha hecho en ninguna ocasión desde julio de 2016, lo que constituye "una falta grave", según la defensora.
Al respecto, explicó que ayer mismo había recibido una comunicación de Educación en la que la concejala, Susanna Moll, tras manifestar "su frustación" por este hecho, culpa a la falta de personal.
Suspenso en Corea
Asimismo, Moilanen analizó el grado de ejecución de las trece propuestas incluidas en la recomendación realizada en febrero del presente año en relación a la situación urbanística y social de las viviendas de Corea.
Considera que solo se han cumplido tres de las trece recomendaciones, entre ellas las relacionadas con la limpieza de Emaya en la zona pública, las ayudas a las comunidades de vecinos y la instalación del alumbrado en las calles.
En rojo sigue estando la presencia policial, la solución a las viviendas ocupadas y la demolición de la caseta de Gesa.
