La fiscalía de Medio Ambiente de Balears no ve delito en los frecuentes vertidos de aguas sin depurar en las playas de Palma y, en consecuencia, archivará las diligencias informativas (investigación) abiertas hace varios meses. No obstante, fuentes de la fiscalía han calificado de intolerable que las aguas residuales sigan llegando a la Bahía de Palma sin depurar desde hace varios años.
La fiscalía ha investigado este caso desde hace meses, en virtud de denuncias de particulares y también de oficio. Hace unos años también abrió otras diligencias por el mismo problema medioambiental, pesquisas que se cerraron sin denuncia. El ministerio público tenía dos opciones: judicializar el caso o sobreseer las diligencias informativas, salida que se da por segura.
De haber visto indicios delictivos, los hechos ya se habrían puesto en conocimiento de un juzgado de instrucción de Palma hace dos años, porque las circunstancias sobre los vertidos siguen siendo similares.
Administraciones públicas
En los últimos meses, y desde distintas instancias de la ciudadanía y de partidos políticos, se ha responsabilizado a las administraciones públicas, en especial al Ayuntamiento de Palma y al Govern, de la penosa situación. Los vertidos han obligado este verano a reiterados cierres al baño de las playas afectadas.
La causa de la contaminación se atribuye al mal estado y falta de capacidad de las depuradoras que, cuando llueve, se desbordan al recibir las aguas sucias y las pluviales. Esta saturación hace que las aguas residuales sin depurar acaben directamente en el mar, con los consiguientes malos olores y contaminación fecal.
Este verano, el abogado Santiago Fiol presentó una denuncia ante fiscalía a título particular por este motivo. Fiol, que es un asiduo navegante, aludió a un vídeo grabado junto a un emisario submarino donde se ven claramente los vertidos. Ese vídeo ya fue contemplado por la fiscalía en su primer archivo. El denunciante comunicó a la fiscalía que los hechos podían ser constitutivos de un delito contra el medio ambiente y otro contra la salud pública. La fiscalía ha recabado diversos informes para acreditar el origen y el alcance de los vertidos.
La denuncia de Fiol relaciona los vertidos con la muerte de la posidonia y apunta también a la responsabilidad de las administraciones públicas en la reiteración de los vertidos y en sus efectos sobre las praderas: "el principal contaminante no somos los navegantes, si no las administraciones, que vierten al mar toneladas de suciedad". La prolongación en el tiempo de los vertidos causa estupor en la fiscalía.
Daños sustanciales
El artículo 325 del Código Penal, que tipifica los delitos contra el medio ambiente en la modalidad de vertidos al mar, exige que los hechos hayan causado un daño sustancial a la calidad de las aguas marinas. El tipo también requiere que los vertidos se hagan "contraviniendo las leyes u otras disposiciones de carácter general protectoras del medio ambiente".
El delito tiene una modalidad agravada cuando los daños a los sistemas naturales sean muy graves y cuando se cree un grave riesgo para la salud de las personas.
