El Plan General de 2008 establecía que el edificio de Gesa debía derribarse para ser sustituido por otro de viviendas de lujo, al igual que todos los solares que conformaban el denominado polígono de Gesa, comprendido entre la calle Joan Maragall, la autopista del aeropuerto y la Costa del Gas. Solo el actual parque de los Ceibos debía ser espacio libre público.
Recién aprobado el Plan General bajo el mandato del PP, el nuevo equipo de gobierno de este partido promovió su modificación con el fin de rebajar las alturas de los edificios de viviendas permitidos. El denominado Plan Busquets, aprobado en 2003 poco antes de las elecciones municipales, mantenía el derribo del edificio. Con este plan, Endesa vendió el inmueble y los dos solares anexos a Josel S. L., empresa participada por el ex presidente del Barcelona Josep Lluís Núñez.
Poco después, a raíz de una petición en 2004 del colegio de Arquitectos de Balears, el Consell de Mallorca promovió la conservación patrimonial del edificio. Si bien el informe de la ponencia técnica de la comisión del Patrimonio proponía su declaración como Bien de Interés Cultural (BIC) la comisión política rebajó la protección a Bien Catalogado (BC).
Como consecuencia, el inmueble no pudo derribarse y Josel S. L. entabló una batalla jurídica contra Endesa hasta conseguir la anulación del contrato de compraventa. Mientras tanto, el Ayuntamiento tuvo que promover una nueva modificación del Plan General para incluir en el planeamiento la catalogación del inmueble.
El gobierno de Aina Calvo aprovechó esta circunstancia para convertir los solares de la primera línea en espacio libre público dando como compensación, tal como se contemplaba en el planeamiento de 2003, dos metros cuadrados de edificabilidad en segunda línea por cada uno existente en la primera que se perdía.
En estas condiciones, Cort se hizo con la propiedad del inmueble, una decisión que ahora ha sido anulada y, con ella, abortados todos los planes del actual equipo de gobierno de convertir el inmueble en un polo de atracción del denominado distrito digital de Llevant.
Los planes del actual equipo de gobierno de poder abrir al público en 2017 dos plantas y el auditorio para usos ciudadanos se han visto truncados por la sentencia que anula el planeamiento y lo retrotrae al de 2003, con la diferencia de que ahora el edificio no puede derribarse porque está catalogado y sus usos condicionados por este hecho.
