La conselleria de Trabajo ha demandado ante los tribunales los despidos realizados por el empresario Bartolomé Cursach en su complejo deportivo Megasport, al considerar que se ha cometido fraude en el expediente de regulación de empleo (ERE) que conllevó la pérdida de su puesto para 66 personas.

Eso supone que ahora queda en manos de un juez el futuro de esos empleados, y que en el caso de que finalmente los despidos se declaren nulos conllevaría la readmisión de esa plantilla y tener que pagarles los salarios correspondientes a todo el periodo que va desde el momento en que perdieron su empleo y la sentencia, aunque pueden pasar algunos meses antes de que ésta se produzca.

La decisión del Govern se sustenta en el informe realizado por los servicios de Inspección, que justifican esa acusación de fraude en tres puntos.

El primero es que la empresa alegó causas de fuerza mayor para paralizar la actividad en el Megasport y despedir a la plantilla. Lo que se esgrime desde el Govern es que se puede entender como fuerza mayor un incendio que destruye el local, pero no un cierre provocado porque este complejo de ocio incluía zonas que no contaban con la necesaria licencia, lo que llevó al ayuntamiento de Palma a ordenar el cese de la actividad en esos espacios. Es decir, no se puede alegar esa fuerza mayor cuando la causa es un incumplimiento de la normativa por parte del empresario.

El segundo motivo es que la empresa se comprometió a realizar los trámites necesarios para legalizar todos los espacios que no lo eran y reanudar posteriormente su actividad. Al tratarse de un cierre temporal, lo que se esgrime es que el ERE que se debería de haber tramitado era de suspensión y no de extinción. El primero consiste en que los empleados se quedan sin trabajo solo durante un tiempo, para luego recuperar sus puestos, mientras que el segundo supone un despido definitivo. En el informe de la Inspección se recoge que la propia empresa reconoció que había optado por el segundo por ser menos costoso, ya que el primero supone que hay que seguir abonado las cotizaciones de la plantilla a la Seguridad Social.

El tercero punto está vinculado con la forma en que se negocio ese ERE con los representantes de los trabajadores. Al no disponer de un comité de empresa, se eligió a tres empleados para que actuaran como representantes de sus compañeros.

Acto de deslealtad e ingratitud

Una de estos tres representantes acudió a la primera reunión acompañada de un abogado. Además, planteó que los trabajadores deberían contar con un asesor externo durante la negociación del ERE con la empresa.

El hecho de proponer disponer de ayuda legal por parte de los empleados no gusto lo más mínimo a los representantes de la empresa, y en el informe de la Inspección se subraya que éstos calificaron la propuesta de contar con ese asesor como un acto de deslealtad y de ingratitud. Ante este enfrentamiento con la Dirección, los trabajadores optaron finalmente por renunciar a la posibilidad de contar con ayuda legal.

Finalmente, desde Megasport se comunicó que se había llegado a un acuerdo con la plantilla, que suponía indemnizar con 25 días de salario por año trabajado a los 66 despedidos.

Hay que señalar que los empleados podrían haber denunciado este ERE, pero no lo hicieron, y ha sido finalmente la conselleria de Trabajo la que lo ha tomado esta decisión de oficio.