El Ayuntamiento de Palma estudiará si lleva a la Fiscalía la contabilidad de la empresa concesionaria del matadero municipal. Lo hará en cuanto reciba el informe de la Sindicatura de Cuentas sobre la instalación cárnica que reclamó el Parlament para evaluar si había irregularidades en las cuentas y subvenciones recibidas por la empresa concesionaria.
Según explicaron tanto el alcalde de Palma, Antoni Noguera, como la concejal de Sanidad y responsable del servicio municipal, Antonia Martín, en declaraciones a este diario, el Ayuntamiento todavía está a la espera de recibir el informe de la Sindicatura y será una vez recibido cuando decidirá si pone en manos de la Fiscalía la contabilidad del matadero.
La concejal Antonia Martín se mostro dispuesta a “ir hasta el fondo de la cuestión”, respecto a la contabilidad del matadero, de la cual Hacienda intervino numerosas facturas en 2017 y que ya había puesto en alerta al Ayuntamiento de Palma en 2015. La Intervención de Cort pidió ese año una auditoria a la empresa concesionaria del servicio al sospechar de anomalías en sus cuentas a la hora de tramitar la subvención por la que la administración ha abonado más medio millón de euros al empresario adjudicatario Joan Pocoví en los últimos años.
Largo historial de sospechas
La contabilidad de la instalación cárnica puso en alerta a los interventores del Ayuntamiento de Palma en 2015, cuando el consistorio debía abonar la subvención por las pérdidas de la concesión en el ejercicio anterior. Los funcionarios de Cort sospecharon que las pérdidas declaradas por Pocoví podían estar infladas y pidieron auditar las finanzas de la instalación, según el consistorio.
La medida estaba prevista en el pliego de condiciones con el que Cort sacó a concurso en 2013 la gestión del matadero y la compensación de las pérdidas, que obtuvo la empresa Escorxador i Serveis Càrnics de Palma S.L., propiedad del empresario Joan Pocoví. La auditoría la realizaron los interventores municipales sin recurrir a auditores externos con la documentación facilitada por la propia empresa concesionaria.
Llamó la atención a los funcionarios el elevado número de facturas cruzadas entre el matadero y empresas familiares de Pocoví, que pasaron de la mitad de la actividad en el primer ejercicio, en 2013, al 70%, en 2014, según precisan las mismas fuentes.
Pese a no detectar irregularidades entonces, a raíz de la investigación de Hacienda, Cort y el Govern abrieron una investigación interna a las cuentas del matadero, que mantuvo el expediente de la subvención de 2017 y de la 2018 paralizado varios meses, hasta que la presión del sector ganadero forzó a desbloquearlo a finales del año pasado. Cabe recordar que la conselleria de Medio Ambiente sufraga el 45 por ciento de la ayuda que el consistorio abona anualmente a la empresa adjudicataria del matadero.
