Los grupos municipales del PP y Ciudadanos votaron en contra de la modificación de la ordenanza de ocupación de la vía pública aprobada definitivamente ayer en solitario por el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Palma.
La nueva norma reduce entre un 4% y un 12% la ocupación actual de las terrazas y elimina, en el plazo de 18 meses, las pérgolas, entre otras medidas. En el centro de la ciudad y en Santa Catalina se deberán dejar 2,5 metros para el paso de los peatones, mientras que en el resto de la ciudad los locales actuales podrán mantener los dos metros libres actuales, aunque los nuevos también deberán dejar 2,5 metros de acera sin ocupar.
En las calles Fàbrica y Blanquerna, la actual ocupación se reduce en 40 centímetros y medio metro, respectivamente y, en las calles de menos de tres metros de anchura se prohíben las denominadas microocupaciones, circunstancia que afecta en especial a la barriada de Santa Catalina.
Pese a la aprobación definitiva, no obstante, los efectos de las limitaciones no se van a ver hasta el próximo mes de octubre, que es cuando finalizan la mayoría de las actuales licencias de ocupación de la vía pública, que se dan por periodos de tres meses.
Alcanzar el equilibrio
La teniente de alcalde de la Función Pública, Aurora Jhardi, manifestó que se ha intentado alcanzar un "equilibrio" partiendo de posturas iniciales muy enfrentadas.
Por su parte, la portavoz del PP, Margalida Durán, lamentó que la ordenanza "no nazca del interés de ordenar el uso del espacio público, sino de la obsesión del equipo de gobierno contra las terrazas".
La concejala de Ciudanos Patricia Conrado auguró despidos como consecuencia de la aplicación de esta nueva norma y lamentó que las restricciones no se apliquen solo a los nuevos locales. En relación a esta modificación, el presidente de la Federació d'Associacions de Veïns de Palma, Joan Forteza, lamentó la "falta de decisión y valentía" para hacer una ordenanza más restrictiva.
La representante de ARCA, Àngels Fermoselle, criticó también esta modificación, ya que "no garantiza el mantenimiento patrimonial del centro histórico". La consideró como una "tomadura de pelo porque los cambios son ridículos".
