La Defensora de la Ciudadanía, Anna Moilanen, denunció ayer en la comisión de Sugerencias y Reclamaciones previa al pleno, que el ayuntamiento de Palma tarda "hasta tres años" en multar y paralizar actividades que se ha comprobado que son ilegales o que carecen de la correspondiente licencia municipal.

Moilanen explicó que esta cuestión no es exclusiva de una determinada zona de la ciudad ni afecta a una determinada actividad, sino que se trata de algo generalizado y que se relaciona con la forma en la que se tramitan estos expedientes. Al respecto, manifestó que su oficina está recabando información con el fin de que, probablemente el próximo mes de septiembre, redactar una "recomendación", que deberá ser atendida por los departamentos correspondientes.

Explicó que se dan numerosos casos en los que establecimientos de restauración o particulares instalan sin permiso aparatos de aire acondicionado en zonas comunes de las fincas o extractores de gases, ocasionando problemas de ruidos y malos olores al resto de los vecinos.

En estos casos, cuando se produce una denuncia, los celadores o bien la patrulla verde constatan los hechos. A partir de este momento la actuación municipal difiere en función de si las obras o la instalación denunciada están acabadas o no.

Si no se ha finalizado la instalación, Urbanismo suele dictar una orden de paralización que se cumple en un plazo más o menos razonable. No obstante, en aquellos casos en que la obra o la instalación ya está finalizada cuando se produce la inspección, el expediente se pone a la cola aunque se haya constatado que el aparato funciona sin la correspondiente licencia.

Y así puede estar hasta "tres años", hecho que, según la Defensora, "produce indefensión a la ciudadanía", además de abonar la sensación de "impunidad" de los infractores. Indicó asimismo que los informes remitidos por los técnicos del departamento a la Defensora ponen de manifiesto que este servicio de disciplina urbanística se encuentra "colapsado"

Según Moilanen esta situación sería susceptible de ser denunciada a la fiscalía. También informó de la existencia de una nueva petición del Defensor del Pueblo en la que se reclama información sobre los motivos por los cuales se ha tardado en tramitar una licencia urbanística.

Por otra parte, en la misma comisión la Defensora presentó un informe relacionado con la situación de la barriada de El Terreno. En él se concluye que "los negocios de ocio existentes constituyen el epicentro del problema", puesto que "no se respetan los horarios, y se produce ruido tanto en el interior como en el exterior del local debido a su actividad". La Defensora concluye que "con las herramientas actuales, la administración municipal es incapaz de resolver las molestias y restaurar de forma estable la seguridad en esta zona".

Asimismo, instó al equipo de gobierno a aprobar una "regulación efectiva" de los músicos y artistas callejeros y recordó que ya lo ha pedido en ocho ocasiones.