El presidente de la patronal de la pequeña empresa Pimem, Jordi Mora, aboga por la inserción laboral del colectivo de vendedores que se dedica a la venta ambulante ilegal, conocidos también como manteros. Ayer lamentó que el llamamiento realizado por su patronal hace dos meses no haya tenido eco, por el momento, en ninguna administración.
Mora insistió en la competencia desleal que ejercen estos vendedores ambulantes ilegales hacia los comercios legalmente establecidos y que pagan sus impuestos, aunque también reconoció que se trata de un problema "social" que "debería abordarse por parte del Govern o por el IMAS con el fin de diseñar un plan de orientación laboral para estas personas".
Explicó que desde su patronal se ofrecieron varias empresas para darles trabajo y que no han tenido contestación por parte de ninguna administración.
También ha recordó que, en muchas ocasiones, detrás de la venta ambulante ilegal se esconden "mafias", ya que las personas que se dedican a esta actividad "carecen de contrato y ni siquiera tienen el género en propiedad". También se preguntó por qué las administraciones no actúan "contra los dos o tres importadores que distribuyen este tipo de género y que están perfectamente localizados".
En relación a si han notado una disminución o un incremento de esta actividad en la ciudad en el último año Mora manifestó que se trata de una situación "que no es de ahora" ya que "todos los veranos hay venta ambulante ilegal", sin especificar si este año hay más o menos, según la apreciación de sus asociados.
Tanto Pimem como la otra patronal del pequeño comercio, Pimeco, han manifestado en varias ocasiones su preocupación por la posible "desregulación" de la venta ambulante ilegal ya que se elimina su prohibición de la ordenanza municipal de ocupación de la vía pública, conocida también como de terrazas.
No obstante, desde el equipo de gobierno se ha afirmado en repetidas ocasiones que la prohibición de esta actividad va a continuar prohibida, aunque se va a incorporar a la modificación de la ordenanza para el uso cívico del espacio público, conocida también como antibotellón. La aprobación inicial de esta modificación está pendiente desde hace dos meses del informe de los servicios jurídicos municipales. En estos momentos, según la concejala de Seguridad Ciudadana, Angélica Pastor, este departamento municipal está estudiando la viabilidad jurídica de la última modificación de esta norma.
Normativa en vigor
Mientras tanto, está plenamente en vigor la normativa que se ha aplicado hasta el momento en esta cuestión, puesto que la ordenanza de terrazas aún no está aprobada definitivamente.
Además, Pastor recordó que, en relación a la venta ambulante ilegal, también son de aplicación varios artículos de la Ley de Seguridad Ciudadana, ya que, en el caso de que la mercancía que se venda de forma irregular sea falsificada, este hecho incluso puede ser constitutivo de un delito.
En este último caso, no obstante, la competencia no es del Ayuntamiento ni de la Policía Local, sino que debe intervenir el Cuerpo Nacional de Policía.
