El Ayuntamiento ha autorizado la construcción de un edificio de dos plantas entre la Torre d'en Pau y el mar pese a que en el solar hay una galería de evacuación de la fortificación, por lo que el Consell debe ampliar la protección del fortín para incluir este hallazgo patrimonial. Tanto ARCA como la Federación de Vecinos de Palma exigieron en el último consejo de gerencia de Urbanismo que no se aprobase una modificación de la licencia concedida en 2017, a la espera de que el Consell concluya el informe definitivo respecto a la citada protección.

Se trata del único solar desde donde se observa la costa si estás en el monumento declarado Bien de Interés Cultural (BIC) y en él hay una antigua galería (llamada poterna en lenguaje militar) que comunicaba la fortificación con el mar si era necesaria la huida. El Consell ha asegurado a ARCA que protegerá lo que aún queda de la galería (se ha destruido un 30%), aunque la asociación que vela por la preservación del patrimonio solicitó al inicio del expediente que también se protegiesen las vistas. Un informe técnico de la institución insular publicado en el BOIB en 2016 le daba la razón y decía que "la altura máxima de dos plantas -planta baja más una- para los edificios incluidos en el entorno de protección es la adecuada para mantener la visión del mar desde el fuerte".

Sin embargo, la modificación de la licencia aprobada por Cort "concedió construir una planta y dos alturas", es decir, una más, tal como denunció ARCA, por lo que la empresa promotora, Bibiloni 2000, podrá edificar un inmueble de nueve viviendas con ascensor y 14 plazas de aparcamiento en la calle dels Esculls número 13.

La entidad proteccionista cree que "todo lo que ha rodeado la concesión de la licencia en el solar enfrente de la Torre d'en Pau es un cúmulo de despropósitos, tanto por parte del Ayuntamiento como del Consell". Durante la gerencia de Urbanismo, recordó al equipo de gobierno que el Consell inició el expediente de ampliación de la delimitación del BIC y se suspendieron licencias. Sin embargo, Cort "otorgó una licencia, pese a que no podía", y cuando las obras empezaron, la institución insular las paralizó y el consistorio, "en vez de declarar nula la licencia, ahora aprueba una modificación de la misma", tal como criticó ayer sobre lo sucedido el martes.