El grupo municipal del PP pidió ayer explicaciones al alcalde, Antoni Noguera, por la propuesta de sanción del Tribunal de Cuentas al concejal de Hacienda, Adrià García, y al gerente del Institut Municipal de l'Esport (IME) de 77.000 y 28.000 euros, respectivamente.

La multa propuesta a García, que no se deberá materializar porque ha prescrito, se remonta a su etapa como gerente del IME entre 2010 y 2011. La portavoz de este partido en Cort, Margalida Durán, manifestó que, si el alcalde no da las explicaciones oportunas, pedirán la dimisión del actual responsable de la hacienda municipal.

En relación al gerente del IME, José María González, que accedió al cargo afirmando disponer del título de grado, cuando era diplomado y estaba en posesión de dos masters, los populares han anunciado que van a pedir su dimisión "en cada pleno". El procedimiento iniciado por el Tribunal de Cuentas sobre una serie de irregularidades contables detectadas en el IME denunciadas inicialmente tanto por García como por el actual gerente, cuya investigación está en estos momentos en sede judicial, reclama asimismo de forma solidaria al interventor municipal, al exgerente del IME y al exjefe de obras de este instituto el depósito provisional de 330.000 euros.

En la comisión del pleno celebrada ayer el interventor, Joan Cañellas, tomó la palabra para explicar que su departamento ha sido citado en este procedimiento porque es el que plasma su firma en todos los gastos que se autorizan.

Por su parte, el concejal de Hacienda, Adrià García, confirmó que, si bién personalmente no dispone de la resolución del Tribunal de Cuentas, indicó que se trata de una liquidación provisional. Manifestó asimismo que esta cuestión está en manos de los servicios jurídicos municipales por cuando se trata de un procedimiento nunca antes utilizado.

García también confirmó que este órgano ha desestimado las alegaciones presentadas en su día tanto por él como por el gerente. En su caso, recordó que, cuando ocupó el cargo de gerente del IME, se realizó una auditoría y, como consecuencia, se pusieron en marcha una serie de controles del gasto y de las obras de mantenimiento realizadas, inexistentes hasta aquel momento.

Tal como ya hizo en su comparecencia en el pleno del pasado mes, se preguntó por qué no se hizo nada en el anterior mandato, ya que la denuncia que ahora se investiga se inició precisamente por parte del actual gerente, cuando un director de una instalación deportiva alerta de que la empresa que lleva el mantenimiento realiza menos horas de las contratadas.

A raíz de esta denuncia se encargó una auditoría, cuyos resultados se remitieron a la fiscalía. Paralelamente, estos datos también se enviaron al Tribunal de Cuentas, quien detectó inicialmente, posibles pérdidas para las arcas públicas de 1,2 millones, aunque ahora esta cantidad se ha rebajado a 350.000.

Tanto García, como la presidenta del IME, Susanna Moll, han manifestado en varias ocasiones su "asombro" por el hecho de que las personas que denunciaron las presuntas irregularidades y que iniciaron los procedimientos de control y judiciales para ponerles fin vean ahora amenazados sus patrimonios personales por las liquidaciones que un departamento del Tribunal de Cuentas les reclama.