El equipo de gobierno ha aprobado en la junta celebrada ayer un proyecto de ordenanza con la que se pretende mejorar la transparencia y la comunicación con los ciudadanos.

La teniente de alcalde de la Función Pública, Aurora Jhardi, explicó que, con la nueva norma, todas las empresas o particulares que trabajen para el Ayuntamiento, ya sea porque ejecutan una obra, prestan un servicio o realizan algún suministro, estarán obligadas a dar a los ciudadanos la misma información que la Administración.

La norma afectará también,a todas las empresas municipales, institutos y organismos públicos. A partir de su aprobación, también se deberá informar en el perfil del contratante del proceso de adjudicación de las obras y servicios, como hasta ahora, y se realizará un seguimiento efectivo sobre la ejecución de los contratos hasta su conclusión.

Además la información deberá permanecer publicada entre dos y cinco años en función de su naturaleza. De esta forma, la relativa a contratos, convenios o subvenciones continuará siendo pública dos años después de su finalización. Si se trata de información relacionada sobre los cargos públicos permanecerá el tiempo en que estos permanezcan en sus puestos. Por el contrario, la información económica permanecerá a disposición de los ciudadanos hasta cinco años después, al igual que la medioambiental y urbanística.

Para la teniente de alcalde la nueva ordenanza "es una apuesta del equipo de gobierno para una mejora de la transparencia y de los canales de comunicación con la ciudadanía". Asimismo, destacó que "nos encontramos en un momento de mayor participación activa y con la necesidad de garantizar el derecho de acceso a la información".

El texto aprobado ayer será remitido a los grupos municipales de la oposición para que en el plazo de diez días presenten las enmiendas que consideren oportunas. Posteriormente, ya probablemente en el pleno del próximo mes de julio, se procederá a su aprobación inicial para, con posterioridad, iniciar el período de información al público durante 30 días hábiles. La aprobación definitiva no se producirá hasta el mes de septiembre, como mínimo.