El grupo municipal de Ciudadanos en Cort rechaza la prohibición del alquiler turístico de viviendas plurifamiliar en toda la ciudad, tal como contempla la zonificación propuesta por el equipo de gobierno municipal. En las alegaciones presentadas a la aprobación inicial ha solicitado su retirada.
A juicio de la concejala de este partido en Cort, Patricia Conrado, la zonificación propuesta es "injusta, probablemente ilegal, y no soluciona el problema de la vivienda". Por ello, considera que bastaría con aplicar las restricciones al alquiler vacacional contempladas en la Ley de Turismo para que "salieran del mercado buena parte de la oferta actual".
En sus alegaciones, este grupo municipal justifica la retirada de la zonificación porque se basa en un estudio "desmotivado, injustificado y vacío de argumentos", además de infringir tanto la normativa europea como la estatal y perjudica "gravemente a miles de propietarios, comerciantes y restauradores". La propuesta de zonificación única para Palma, en la que se prohíbe el alquiler turístico en pisos, además, según Ciudadanos, se basa en la aplicación de unos indicadores para Palma que el Consell de Mallorca establece para zonas urbanas de interior, lo que, a juicio de Conrado, va a ser un motivo recurso.
Asimismo, esta concejala ha puesto de manifiesto que el estudio se basa en datos obsoletos, puesto que los de población son de 2001 y los de viviendas datan de 2010.
También desautoriza el informe de la Defensora de la Ciudadanía que, sin disponer de elementos suficientes para ello, a juicio de Conrado, "desautoriza a los turistas del alquiler vacacional y los califica como de irresponsables, ruidosos y sucios".
Rechaza asimismo que haya una causa directa entre el incremento de los precios del alquiler y las dificultades de acceso a la vivienda debido al alquiler vacacional. La concejala da por bueno un estudio elaborado por la patronal de este sector en el que se pone de manifiesto que entre 2016 y 2018, los precios del alquiler han subido en Palma una media del 16% pese a que han salido del mercado del alquiler turístico un 34% de las plazas desde la aprobación de la modificación de la ley.
