"La administración pública debe buscar fórmulas legales para limitar la acumulación de propiedades por parte de un inversor extranjero, ya que su derecho al beneficio turístico o a una segunda residencia no puede prevalecer sobre el de los palmesanos a una primera residencia", tal como pide el presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Palma, Joan Forteza. Afirma que en Son Espanyolet se ha creado "un hotel encubierto, sin licencia" con la compra de ocho inmuebles en tres calles en manos de una empresa para destinarlos al arrendamiento vacacional.

La Federación impulsó en Cort la prohibición del alquiler turístico en pisos en toda la ciudad y, dada la presión que están recibiendo las viviendas unifamiliares, no descarta una iniciativa similar. "Se podrían mantener las que ya tienen una licencia turística, aunque habría que poner coto y evitar otorgar más", plantea. Forteza lamenta que "este fenómeno provoca una doble gentrificación, ya que cada vez que un extranjero compra o alquila un inmueble, un residente se va del barrio, y no solo cambian los habitantes, sino también las construcciones y el tejido comercial, por lo que se pierde la identidad".

Lo corrobora la presidenta de la asociación vecinal de Son Espanyolet, Margarita García, que añade que "las molestias de los turistas merman la calidad de vida de los residentes". Detalla que en su barrio "viven muchas personas mayores y, cuando fallecen, la mayoría de los hijos venden las casas, ya que ellos residen en otro lugar y se reparten la herencia". Esta situación, unida al interés por parte de los inversores, que buscan constantemente (en persona y mediante buzoneo) y dan suculentas cantidades, "está provocando un cambio radical", concluye.

"Efecto llamada"

A este problema se añade que "Cort anunció al principio de la legislatura que iba a proteger los barrios tradicionales, pero como no adoptó una medida concreta, ello ha implicado un efecto llamada que en algunos casos ha supuesto acelerar la destrucción de la personalidad del barrio". Lo dice la portavoz de la asociación proteccionista ARCA, Àngels Fermoselle, y pone como ejemplos, además de Son Espanyolet, el Molinar, Gènova, Son Armadans y Sant Agustí, entre otros.

En al menos una decena de ocasiones han pedido a Cort que apruebe una normativa urbanística para preservar el carácter tradicional, aunque han caído en saco roto.