Luis Martín, presidente de la Asociación de Promotores de Balears (Proinba), es de los que defienden el proyecto de Son Bordoy como solución a la falta de vivienda en Palma. Por ello, considera que el Ayuntamiento debería fomentar esta iniciativa en la que, según sus datos, un 73% de las viviendas serán sociales, ya sea como VPO o de precio tasado, cuyo coste ya se sitúa por encima de los 97.000 euros.
Para Martín, el desarrollo urbanístico de Son Bordoy es una de las soluciones para ofrecer vivienda digna y se trata de "un proyecto social".
"Rechazar la oportunidad de poner suelo para tener viviendas asequibles me parece una barbaridad", afirmó Martín. Del mismo modo, y por la misma razón, criticó que el consistorio vaya a convertir la antigua prisión a centro artístico. "Me parece más importante que los mallorquines puedan comprar una vivienda a que venga un artista aquí a pintar dos cuadros y tenga un sitio para dormir", añadió sobre esta iniciativa de Cort.
Sobre los problemas de accesos y de tráfico que implicaría la construcción en Son Bordoy, como los vecinos del Molinar y los ecologistas han puesto de manifiesto, el presidente de los promotores conminó a realizar las obras necesarias para solucionarlo.
Luis Martín explicó por qué considera Son Bordoy un proyecto social. Principalmente, porque "544 viviendas se destinarán a VPO o tendrán precio tasado", comentó, mientras que 206 formarán parte del mercado libre. De las viviendas sociales, 97 corresponden al Ayuntamiento y el resto, 447, al promotor del proyecto. De esas viviendas, 134 serán VPO y 313 tendrán precio tasado, de acuerdo a lo que fije la Administración, matizó Martín.
Otro factor que Martín considera decisivo para poner en marcha esta urbanización es el encarecimiento del suelo, que va a más en los últimos años. Si hasta hace poco se estimaba que las viviendas de precio tasado rondarían los 75.000 euros, ahora la cifra superará los 97.000 euros y en pocos años podría ser de 120.000 euros, aseguró el presidente de los promotores.
El presidente de Proinba lamentó que en esta legislatura las administraciones públicas "no hayan tenido la capacidad de poner suelo para desarrollar vivienda". Martín estimó que menos de un 1% de la vivienda licitada en Mallorca corresponde a VPO.
