El equipo de gobierno de Aina Calvo no se lo puso fácil a los promotores de la Reserva Estratégica de Suelo de Son Bordoy. Esta figura urbanística contemplada en la denominada Ley Carbonero de 2008, solo permitía a los ayuntamientos emitir un "informe vinculante" sobre la propuesta de desarrollo de la urbanización, que debía ser incorporado a las posteriores normas subsidiarias y complementarias que debían desarrollarla.
De esta forma, basándose en un estudio exhaustivo y minucioso redactado por el entonces director técnico de la gerencia de Urbanismo, Antoni Planas, en 2010 el pleno del Ayuntamiento, con los votos en contra del PP y UM (entonces socios del pacto progresista que gobernaba Cort) aprobó un informe vinculante que contemplaba numerosas deficiencias que los promotores debían corregir.
Entre ellas, se indicaba la "inexistencia de la definición en el diseño, mecanismo de obtención de los terrenos y urbanización del enlace entre la autopista en dirección de salida a Son Bordoy". Asimismo, se señala la "falta de establecimiento del mecanismo de obtención de los terrenos y de urbanización del vial que conecta Son Bordoy con el nuevo enlace entre la autopista de Llevant y la nueva urbanización". También se incidía en que "falta dar cumplimiento a la totalidad de las reservas de suelo docente" y del incumplimiento del "techo destinado a otros usos ya que se opta por destinar toda la parcela a uso comercial y las plantas bajas de los edificios a otros usos".
También se debían reconocer la totalidad de los derechos del Ayuntamiento en el sector, no había el correspondiente estudio económico y financiero, se precisaba de una mayor justificación en relación a la documentación ambiental aportada, faltaban definir los diferentes tipos y categoría de las viviendas protegidas y su calificación urbanística y se superaba el aprovechamiento medio permitido en el Plan General, por lo que, o bien se debía reducir o bien incorporar suelo de otro ámbito para dar cumplimiento a este requisito.
Las deficiencias impuestas por Cort provocaron una reacción inesperada de los promotores consistente la contratación de páginas enteras de publicidad en todos los medios de comunicación criticando la medida.
Con posterioridad, Cort también se opuso a la pretensión de trasladar el recinto ferial a estos terrenos, una cuestión que unos meses después se plasmó en el acuerdo de moción de censura contra el gobierno de Aina Calvo, promovida por el PP y apoyada por UM, que finalmente no prosperó.
