El GOB relaciona la operación urbanística de Son Bordoy, en Palma, con el PSIB-PSOE y Sa Nostra. A través de un comunicado de prensa, la organización ecologista asegura que el principal y primer promotor urbanístico de estos terrenos situados en el barrio del Molinar de Palma fue José Miguel García, socio de Vicente Grande, vice-presidente del RCD Mallorca y "miembro de la agrupación del partido socialista en Palma-Ponent cuando el Govern de Francesc Antich, con Jaume Carbonero como conseller, dieron inicio al proyecto para construir de 750 viviendas.

Los ecologistas recuerdan que "pocos meses" antes de la aprobación de la Ley Carbonero, García traspasó los terrenos a Haras Gestión del Suelo "una de las sociedades pantalla", aseguran, de Martí Gual, "empresario que figura en la lista Falciani". Según el GOB, "todo indica" que Gual sabía que Son Bordoy ganaría el concurso para las reservas estratégicas de suelo, por lo que "el negocio era seguro". Asimismo, aseguran que Gual contó con la "colaboración" de Sa Nostra, al financiar la operación. No sólo eso, sino que aseguran que la entidad bancaria formaba parte del entramado de sociedades que conforman el grupo de Martí Gual, "ya que algunas de las empresas de Gual tienen el domicilio social en las oficinas de la entidad bancaria".

El GOB asegura que una de las empresas de Gual, Construcciones d'Or, está siendo investigada por la Audiencia Nacional, por el desvío de 12,6 millones de euros a Suiza y Madeira, en el marco de la investigación por la desaparición de Sa Nostra.

Para los ecologistas, se trata de que un "evasor conocido" con "diversos millones de procedencia dudosa en paraisos fiscales" pueda obtener una "grandiosa plusvalua" urbanizando los terrenos de Son Bordoy. "Hablamos de culmimar una operación sospechosa y oscura desde el principio, siempre con gente que se puede relacionar con el PSIB y con la cultura del pelotazo, tejida a través de empresas pantalla y testaferros", afirman en el comunicado hecho público esta mañana.

Por todo ello creen que permitir la urbanización de los terrenos sería "volver a dar carta blanca a la impunidad corrupta y urbanística que tanto tiempo ha gobernado Mallorca". Del mismo modo, dudan de si el PSIB-PSOE es "prisionero de sus errores o actor interesado en el proyecto".

El grupo ecologista exige la paralización del proyecto e instan al PSOE a que "de explicaciones" por su "relación" en el caso.